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Periodista y propietario de radio Mi Voz de León, Álvaro Montalván, acosado por la dictadura Ortega-Murillo. LA PRENSA/U. MOLINA

Radio Mi Voz cierra operaciones de forma temporal ante el asedio de la Policía Orteguista

Álvaro Montalván, director de la radio, aseguró que el cierre se debe a "las invasiones a nuestra propiedad", "detenciones sin orden judicial, humillaciones y asedios al personal"

La emisora leonesa Radio Mi Voz anunció este viernes el cierre temporal de operaciones en Nicaragua debido al asedio “de la Policía”, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos y presos en protestas contra el dictador Daniel Ortega, informó su director, Álvaro Montalván.

El cierre fue decidido “ante las invasiones a nuestra propiedad anoche por parte de la Policía, de pretender abrir por la fuerza las puertas de Radio Mi Voz, más las detenciones sin orden judicial, humillaciones y asedios al personal de este emisora”, dijo Montalván a periodistas.

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La radio, ubicada en la ciudad de León, permanecerá cerrada al menos hasta el 3 de diciembre “por seguridad de nuestro personal, mientras replanteamos nuestro plan de trabajo en este medio de comunicación independiente, comprometido con la verdad”, explicó.

Montalván responsabilizó al jefe de la Policía de León, Fidel Domínguez, “por cualquier cosa que pueda ocurrir con nuestras instalaciones, con el personal de la radio, a mi familia o mi persona”.

El 31 de octubre pasado Montalván fue capturado y golpeado por la Policía, que lo mantuvo desnudo en la cárcel durante más de 30 horas, según denunció en su momento, y hace dos días una patrulla detuvo en la calle a un periodista de la emisora para realizarle una requisa. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó “enérgicamente este asedio, contra los periodistas independientes”.

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Represión hacia el periodismo

La captura, amenazas y agresiones de la Policía y grupos oficialistas hacia periodistas han sido calificadas como la más reciente “etapa de represión” del Gobierno, desde el estallido social de abril pasado, ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores, desde el estallido contra Ortega en abril pasado.

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