Amcham, Cosep y Funides denuncian que derechos constitucionales de los nicaragüenses están secuestrados

La empresa privada atribuyó las recientes sanciones de Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega a “las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la débil institucionalidad”.

La empresa privada denunció hoy la suspensión de los derechos constitucionales de los nicaragüenses y atribuyó las recientes sanciones de Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega a “las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la débil institucionalidad”.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) a través de comunicado conjunto señalaron que la expulsión de la activista Ana Quirós, así como el despojo de la personería jurídica del Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud (Cisas) y la confiscación de los bienes de este organismo profundizan la inseguridad ciudadana y jurídica en detrimento de la recuperación económica.

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“Advertimos que las posibilidades de recuperación económica y de restaurar la confianza de los agentes económicos y sociales, se ven opacadas, al continuar tomadas propiedades privadas, de manera ilegal y delictiva en detrimento del empleo, la producción y la seguridad jurídica, propia de los estados democráticos de derecho”, indica.

También exigieron al Gobierno cesar el hostigamiento, captura, secuestro y persecución ilegal de los nicaragüenses, particularmente a los organismos de la sociedad civil, de los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la prensa independiente.

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“Denunciamos que los derechos constitucionales de los nicaragüense se encuentran de hecho suspendidos cuando constatamos que en forma cotidiana personas, organismos de la sociedad civil, medio de comunicación, periodistas independientes, siguen siendo capturados, acosados, asediados y perseguido de forma ilegal”, señala la misiva.

Entre los casos, el sector privado rechazó el ultraje y ensañamiento que se dio contra el editorialista Luis Sánchez Sancho, que fue encarcelado por la dictadura luego de que este se viera involucrado en un accidente de tránsito leve. La Policía Orteguista a través de oscuras maniobras impidió que este a través de una mediación, tal como lo establece la ley, recobrara su libertad durante casi ocho días, hasta ayer que un juez ordenó dejarlo libre.

“Denunciamos el hostigamiento policial a miembros y familiares de la Alianza Cívica por la justicia y la democracia y de organizaciones de la sociedad civil, la captura y enjuiciamiento ilegal de dirigentes campesinos y universitarios”, señala en su comunicado, donde también hace mención del hostigamiento contra los periodistas Jaime Arellano, Miguel Mora, Verónica Chávez, Carlos Salinas, Álvaro Montalvan, entre otros.

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El pronunciamiento de la empresa privada ocurre cuatro días después que Estados Unidos emitiera un paquete de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, al declarar su gobierno una amenaza para la seguridad de ese país, así como designar en la lista negra a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, y a su asesor Néstor Moncada Lau, por violentar los derechos humanos y estar detrás de la masacre de más de trescientos nicaragüenses.
En una orden ejecutiva, también Trump instó a la empresa privada a levantar su voz y exigir reformas democráticas y advirtió que los cómplices del régimen podrían ser sancionados, así como sus colaboradores.

“Seguimos insistiendo que las graves violaciones a los derechos humanos, los procesos y juicios políticos contra cientos de hermanos nicaragüenses que ahora se encuentran privados de su libertad y alejados de sus familias, que deben ser puestos en libertad, así como el exilio forzado de miles de nicaragüenses, han provocado una división profunda en nuestra sociedad lo cual no abona a un clima de reconciliación y paz permanente y verdadero”, denunció Cosep, Amcham y Funides en la misiva.

No más ilegalidades jurídicas

«Seguimos insistiendo que las graves violaciones a los derechos humanos, los procesos y juicios políticos contra cientos de hermanos nicaragüenses que ahora se encuentran privados de su libertad y alejados de sus familias, que deben ser puestos en libertad, así como el exilio forzado de miles de nicaragüenses, han provocado una división profunda en nuestra sociedad lo cual no abona a un clima de reconciliación y paz permanente y verdadero», se lee en el comunicado.

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