En el corte de cinta del paso a desnivel de Las Piedrecitas, que (finalmente) fue inaugurado, el dictador Daniel Ortega se hizo acompañar no solo de su esposa, vicepresidenta y desde hace mucho tiempo su sombra, Rosario Murillo, sino del jefe de la Policía, Francisco Díaz y del funcionario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Todos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos con una medida que les dicta prácticamente parálisis financiera, pues les hace imposible realizar transacciones en el mundo occidental por considerarlos responsables de actos de corrupción y delitos de lesa humanidad.
La actitud de Ortega es un desafío a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el martes, antes de incluir a Murillo en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, había declarado al régimen orteguista como “una amenaza a la seguridad nacional” de los Estados Unidos.
La inmensa soberbia del régimen lo lleva a tomar esta actitud de exhibir a los funcionarios sancionados, sin darse cuenta -o tal vez con toda la intención- de crear una verdadera debacle económica para el pueblo de Nicaragua.
Si existiera alguna sensatez en el régimen orteguista, aún después de haber perpetrado durante la sangrienta represión de los último meses la peor masacre de civiles desarmados de que se tenga memoria, debería estar buscando vías de diálogo para solucionar la crisis sociopolítica, pues al menos que vivan totalmente fuera de la realidad, a estas alturas deberían ya darse cuenta del fuerte rechazo que provocan en la inmensa mayoría de los nicaragüenses y del aislamiento casi total en el que están a nivel internacional.
Pero, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para hacer entrar en razón al régimen que desde abril perdió legitimidad y legalidad ante los ojos de los nicaragüenses? Quedan pocas opciones, pero que a la vez son las más devastadoras. Por ejemplo, Estados Unidos podría decidir no continuar comerciando con Nicaragua bajo el DR-Cafta. Nicaragua ha sido el país que más se ha beneficiado con ese tratado negociado por la administración de Enrique Bolaños, y Ortega -que siempre se opuso y lo criticó- es quien más réditos le ha sacados; pero ese tratado puede ser denunciado (rescindido) con solo dar un aviso de seis meses.
Ese sería un golpe devastador para nuestra economía, y los miles de nicaragüenses que hasta hoy se han visto obligados a emigrar se convertirían en cientos de miles que, probablemente en su mayoría saldrían a Costa Rica o Panamá, desestabilizando a toda la región.
Ortega y Murillo no pueden seguir jugando con el futuro del pueblo de Nicaragua. A pesar de toda la represión, deben sentarse a dialogar la salida democrática a esta crisis, y toda la sociedad nicaragüense, a una sola voz, debe exigirlo, pues es el futuro de todo el país el que está en juego.