Justicia hondureña condena a siete hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su vivienda por dos hombres armados que irrumpieron en su casa en la ciudad de La Esperanza, oeste del país. Ocho personas fueron acusadas por el crimen

Berta Cáceres, Honduras

La familia de Berta Cáceres dijo que desde el inicio de este proceso, hace casi tres años, ha sido claro que el asesinato de la líder indígena de la etnia lenca fue «planificado por los directivos de la empresa DESA. LA PRENSA/EFE

La justicia de Honduras declaró este jueves culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el crimen el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.

Los otros siete acusados son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, y la pena que deberán pagar en prisión se conocerá el 10 de enero de 2019.

A uno de los acusados, Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.

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Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), fueron condenados por el delito de asesinato.

La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país al que Berta Cáceres se oponía.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Oscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

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El fallo fue leído en presencia de los ocho acusados, quienes llegaron antes de las 4:00 (hora local) a la sala del tribunal fuertemente custodiados.

Los ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. LA PRENSA/EFE

Familia inconforme

El veredicto emitido contra siete de los ocho acusados «no satisface» las exigencias de Justicia de la familia de la víctima y la defensa. «El veredicto que acaba de emitirse no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato al (ambientalista mexicano) Gustavo Castro», indicó la familia de la ambientalista en un comunicado.

Señalan que el fallo que «condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA (Desarrollo Energéticos) no significa que se ha alcanzado justicia».
Las estructuras y las personas que dieron «el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune», enfatizan.

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La familia de Cáceres dijo que desde el inicio de este proceso, hace casi tres años, ha sido claro que el asesinato de la líder indígena de la etnia lenca fue «planificado por los directivos de la empresa DESA, para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras».

Sin embargo, considera que «la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real».

Cuestionan que la familia y su defensa fueron «expulsados» del juicio el 19 de octubre pasado tras presentar una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, debido a que «no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales».

«La familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres», aseguran la familia de la víctima y su defensa.

Cáceres era además una defensora de los derechos humanos, y fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su vivienda por dos hombres armados que irrumpieron en su casa en la ciudad de La Esperanza, oeste del país.

El crimen se consumó pese a que Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.