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CONTENIDO EXCLUSIVO.El 22 de abril pasado un hombre obeso, que vestía camisa verde, fue desarmado por la población momentos después que disparó contra manifestantes indefensos en una calle céntrica de Matagalpa. Era el juez suplente de San Ramón, Matagalpa: Otoniel Aráuz Torres, actuando como paramilitar.
Las organizaciones de derechos humanos, que documentaron el caso, demandaron la destitución y el enjuiciamiento de aquel hombre. Sin embargo, seis meses después, fue premiado por el poder judicial.
El promotor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Roberto Largaespada, documentó la agresión contra los ciudadanos a manos del entonces juez suplente, porque estaba presente en el sitio y le daba acompañamiento a los manifestantes.
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Así lo explicó en Managua el asesor legal de ese organismo, Pablo Cuevas, quien recuerda que el arma del juez suplente era similar a “una carabina”.
El premio de la CSJ
El 24 de octubre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó la cancelación del nombramiento como juez suplente del Juzgado Único Local de San Ramón, Matagalpa, pero fue para ascenderlo como titular del mismo, con lo que lo premiaron.
La notificación del acuerdo número 130, del 23 de octubre del presente año, la firmó Gerald Areas Lacayo, secretario de la CSJ por la Ley. Al juez titular de ese tribunal entonces, a quien el paramilitar suplía, pese a encontrarse fuera del país por razones médicas, le fue atacada a balazos su casa durante los meses de mayor represión en el país. Posterior a ello renunció.
Testimonio de Morazán
“Ese juez suplente que pretendía ser mi jefe, ha sido premiado y promovido al cargo de propietario”, aseguró Yader Morazán, refiriéndose al paramilitar.
Morazán fue durante ocho años y tres meses secretario judicial de despacho del Juzgado Segundo de Violencia de Matagalpa. Fue obligado a renunciar en agosto pasado y en su trabajo conoció al ahora juez titular Aráuz Torres.
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A Morazán lo degradaron del cargo, trasladándolo al tribunal dirigido ahora por el paramilitar premiado.
Morazán, actualmente en el exilio, fue militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), líder sindical y miembro de las comisiones institucionales e intersectoriales.
Hermano de activista
El exfuncionario judicial es hermano del activista social Yaser Morazán e hijo del militar en retiro del Ejército, Alfonso Morazán, preso político de la dictadura.
Morazán denunció a LA PRENSA las arbitrariedades institucionales del régimen de Ortega y cuenta desde su experiencia vivida en el poder judicial lo que califica como “la disfuncionalidad del sistema de justicia y el secuestro de la voluntad de los servidores públicos”.
Una postura ética
Morazán aseguró que fue obligado a renunciar después de presiones recibidas, cuando a partir del 18 de abril, él incrementó su condena a las acciones del régimen y “adopté una postura ética frente a la realidad”.
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“Presionaron a mi jefe inmediato para que él iniciara un proceso disciplinario en mi contra, pero al no tener nada de que acusarme, y ser manifestado por él mismo, el nuevo magistrado Frank Rodríguez —que acababa de asumir la magistratura y el liderazgo de las actividades político-partidarias— mandó un correo que contenía un formato de memorándum que no fue aceptado por mi jefe inmediato”, narró a LA PRENSA.
Al final su jefe inmediato, para no contradecir a Rodríguez, “se quejó de mi con una cosa insignificante” y “luego, de facto me remocionan del cargo sin un proceso a como lo establece la ley y por una autoridad sin esa potestad, y de manera sospechosa me trasladan a un juzgado de un municipio que estaba a cargo de un juez criminal que asumía la suplencia y que días anteriores (22 de abril) había disparado abiertamente en plena luz del día, a un grupo de manifestante dentro de los que se encontraba mi padre y hermana”, sostuvo Morazán.
Y aunque Morazán apeló la decisión mantuvieron la misma, por lo que prefirió renunciar “para no exponer mi vida”.
Entre abril y agosto cuando Morazán aún laboraba para el poder judicial en Matagalpa, los primeros días de abril, según este, “los trabajadores del Complejo Judicial se rebelaron y dieron la espalda al Gobierno, como forma de repudio a los asesinatos y represión, en su mayoría no participaron en las actividades convocadas, todos se quedaban trabajando en silencio”.
Impusieron terror
Entonces las estructuras de dirección, sindicatos y políticos empezaron sus reuniones secretas y “de ahí inició un clima de temor, estrés, conspiración y rumores”.
A partir de eso “se reconfiguraron las estructuras políticas internas, restituyendo a los cuadros históricos y emergieron nuevos liderazgos”.
Ya para entonces, dice el exsecretario judicial, “intervinieron de manera directa los políticos territoriales, coordinando, planificando y ejecutando planes en conjunto con funcionarios judiciales”.
“En esta fase, se prestaban vehículos que amanecían sin placas, y se solicitaron cupones de combustibles a los jueces y magistrados para inyectar a otras instituciones más involucradas en el levantamiento de tranques”, denunció Morazán.
En su testimonio, refirió que después de reacomodarse y reestructurar sus organizaciones a lo interno del poder judicial en esa circunscripción, “iniciaron el sometimiento con despidos masivos, traslados, amenazas y los reemplazaron con personas vinculadas a grupos paramilitares y expolicías”.
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“Para esta fecha se ven nuevas reestructuraciones político-partidarias, creando competencias de liderazgo y fidelidad, y emergiendo nuevas figuras de poder”, dice Morazán, quien asegura que después de todo esto, ahora “se marca la injerencia directa de figuras políticas locales, surgiendo nuevas prácticas como reuniones entre ellos y los cargos de dirección, sindicatos y políticos institucionales”.
En estas reuniones han acordado despidos y nuevos nombramientos, afirma Morazán, quien señala que durante este período de represión en el país, en esa circunscripción ha habido muchas renuncias, traslados, despidos y fueron reactivados procesos disciplinarios para funcionarios judiciales. Y “se incrementa y reactiva la participación del personal en marchas, caravanas y laboratorios de computación destinados a crear noticias. Rellenando la raquítica convocatoria en actividades de otros municipios”.
El exfuncionario judicial señala que con esto “se desestabiliza la dinámica laboral y organizacional, en vista del conflicto de poder entre nuevos liderazgos o personas que demostraron su fidelidad al régimen, y responsables preconstituidas que ya ocupaban cargos políticos y laborales. Se sublevan y serruchan el piso, alegando que ellos están ahí por política”.
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Por mandato de ley, los funcionarios del poder judicial tienen prohibido involucrarse en actividades político-partidarias, según el numeral 5, del artículo 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Morazán señala que “había incidencia política solapada”, pues por ejemplo a actos político-partidarios inicialmente se convocaba pasando la voz, al final se invitaba de forma pública a través de carteles visibles.
Menciona la existencia de las organizaciones político-partidarias internas como los llamados Comité de Liderazgo Sandinista y Juventud Sandinista, o sindicatos utilizados por la presidencia de la CSJ para desarticular estructuras adversas al régimen.
Recordó que a partir el 19 de abril de 2017, cuando el magistrado Marvin Aguilar asumió la circunscripción, por ejemplo, se obligó a magistrados y jueces ir a la plaza el 19 de julio en un bus de transporte colectivo, lo que incomodó mucho a los funcionarios judiciales acostumbrados a movilizarse en sus vehículos asignados, pero callaron y obedecieron.
Perdieron la decencia
“Había verticalismo institucional con poca incidencia de los políticos territoriales (hermetismo), bajando todas las orientaciones de forma institucional por parte de magistrados de la Suprema”, expresó Yader Morazán, quien describe como en el poder judicial han facilitado “reclutamiento del personal para procesos electorales; verificación y monitoreo de participación electoral del personal interno; facilitación de trámites para agilización de cedulación; participación y préstamo de personal para actividades partidarias”. “Los jueces tenían mucha mesura en no participar en actividades político-partidarias”, indicó Morazán, quien sostiene que a medida que pasó el tiempo esto fue variando.
Estructura mafiosa
Entre las acciones que ejecutaban los funcionarios judiciales de Matagalpa estaba el reclutamiento de personal para las Operaciones limpieza de tranques, para lo cual ofrecían doscientos córdobas; además levantaban firmas de opinión, cedían personal en condición de préstamo para los laboratorios de computación que había en alcaldías y casas de campaña y ejercían presiones internas “al personal no alineado” mediante amenazas y campañas de desprestigio desde las redes sociales, narra Morazán.