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CONTENIDO EXCLUSIVO.Pese a que los pobladores del barrio Carlos Marx fueron fieles testigos y grabaron con sus celulares que los mismos trabajadores de la Alcaldía de Managua le pegaron fuego a su delegación en el Distrito Seis, el pasado 11 de mayo, hay siete empleados de la misma comuna y siete agentes de la Policía Orteguista presentados como testigos de que supuestamente el autor fue el docente universitario Ricardo Baltodano Marcenaro.
Este caso no es fortuito puesto que hay otros donde todos o la mayoría de testigos son trabajadores de la Alcaldía capitalina y policías, instituciones que han estado al frente de la represión contra los manifestantes autoconvocados.
A juicio de la directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, se trata de una continuidad de la represión que mantiene el régimen de Daniel Ortega en el país contra las voces que han ejercido su derecho a la protesta.
Que el poder judicial se preste a esta artimaña “deja en evidencia es la aberración jurídica que se está dando, por la instrumentalización del poder judicial como un órgano de represión. Estas personas son testigos falsos, que están inventando situaciones o las vieron de otra manera”, indicó Núñez.
Además de lamentar el papel que desempeña el órgano judicial, la presidenta del Cenidh recordó que el falso testimonio es castigado en Código Penal con cárcel; no obstante lo hacen porque saben que están protegidos por el régimen y su mentiras, mientras no se haga una limpia en el poder judicial, no se les hará justicia.
“Por eso el cambio que necesita Nicaragua no es solamente que se vaya Daniel Ortega inmediatamente, a como un porcentaje elevadísimo de la población queremos, sino que significa iniciar todo un proceso de transformación institucional de manera integral donde fundamental y absolutamente es necesaria la transformación del poder judicial”, agregó Núñez.
Otros casos donde son verdugos y testigos
Aparte del caso del profesor universitario, están las hermanas niquinohomeñas Olesia y Tania Muñoz, y el líder campesino Medardo Mairena.
Para el proceso judicial de las hermanas Olesia y Tania incluso se ha recurrido al oficial código uno, figura jurídica utilizada por la Fiscalía en casos de narcotráfico y crimen organizado.
En cuanto a Mairena, todos los testigos son trabajadores de la alcaldía de Morrito, Río San Juan, desde conserjes hasta conductores.
Amurallados tras participación activa
Al quedar en evidencia la participación de la Alcaldía y Policía, ambas instituciones decidieron amurallarse ante un posible ataque. En una parte de las oficinas centrales de la comuna capitalina se construyó muro y colocaron adoquines como barricadas, también con presencia de militares de forma permanente. La Policía construyó un resistente muro en su edificio de Plaza El Sol y mandó a poner cámaras de vigilancia.
Desenlace anunciado de juicios
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, no es necesario ser adivino o tener una bola de vidrio para saber los desenlaces de los todos juicios de estos manifestantes que califica de presos políticos.
La defensora de los Derechos Humanos dijo que basta contar cuales han sido las sentencias condenatorias de estos procesos que no carecen de legalidad.
La intención de condenar a toda personas que ha participado de forma activa en la rebelión cívica, que estalló en abril pasado, también queda retratada en el lenguaje que el régimen utiliza en los medios de comunicación que controla y donde se trata de hacer creer que lo vivido en los últimos siete meses fue un intento de golpe de Estado y no una masacre.
Aunque no se le haya probado culpabilidad, desde el inicio del proceso los llaman terroristas, asesinos y golpistas.