La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, aseguró en una entrevista con la agencia de noticias rusa Sputnik que 261 personas están detenidas en el país por delitos comunes y como reos políticos; sin embargo, ignoró que ninguna de los reos es Policía Orteguista (PO) o paramilitares, ambos señalados por la población de cometer la mayor masacre contra civiles en tiempos de paz.
La magistrada de la dictadura aseguró que 546 personas son acusadas; sin embargo, 261 están presas, las cuales relacionó con asesinatos con armas, utilización de explosivos e incendios, siguiendo el discurso del dictador Daniel Ortega, quien rechaza el término de reos políticos.
No obstante, para el funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, la magistrada Ramos obvió todas las irregularidades del sistema de justicia y penitenciario contra los presos políticos del régimen.
“Existe una valoración bastante subjetiva y parcializada de la autoridad judicial con respecto a los elementos de pruebas; la magistrada tampoco dijo que hay toda una intención de obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos que están representando a los presos políticos, tampoco mencionó que los jueces están prácticamente tratando que las personas que están siendo procesadas nombren a abogados de oficios, quienes no hacen un trabajo adecuado” dijo Darce.
“En el sistema judicial hay una batería de jueces vinculados directamente al partido sandinista que no están aplicando la ley, sino que están administrando una política de criminalización generada desde el gobierno (…)”, denunció Darce.
Ramos señaló que las 546 personas acusadas responden a 145 causas; no obstante, las cifras de la CPDH difiere en creces de las estadísticas del Poder Judicial al servicio de la dictadura.
Según el último recuento de esa organización de derechos humanos, los presos políticos ascienden a 603, de los cuales, la mitad no han sido procesados, y se mantiene en detención ilegal. Además, persiste una violación a los derechos de todas las personas que están en las cárceles, y en muchos casos y se ha denunciado torturas tolerada e ignorada por los jueces del régimen.
Protección a los verdugos
Darce destacó que aunque los familiares de varias de las víctimas mortales de la violencia estatal han señalado a policías de cometer los crímenes y hasta delitos de lesa humanidad, no hay oficiales que estén bajo un proceso judicial en este momento.
Esto para el funcionario de la CPDH, refleja la parcialidad con que está actuando el Poder Judicial y el Estado en su totalidad, lo que implica una política de Estado no dirigida a la verdad sino a la venganza.
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Otro aspecto que Ramos señaló fue que de los primeros detenidos se liberaron de 14 a 16 personas, que mediante los procesos judiciales fueron absueltos o se les dio medida cautelar de arresto domiciliar, expuso a la agencia de noticias.
Sin embargo, en la práctica, no se ha conocido el caso de personas que hayan sido acusadas y que fueran dejadas en liberad.
Incluso, en el caso de Guillermo Sobalvarro Oporta y Albert Einstein Monroe, quienes fueron acusados de supuestamente meterse a robar a la casa del comisionado Juan Valle Valle, jefe de tránsito de Managua, y fueron declarados no culpables por la juez Nancy Aguirre, aún siguen privados de libertad.
No respetan la Ley
Para el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, el Poder Judicial no ha respetado todo el ordenamiento constitucional. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, expuso que solamente hay un caso en el que se esta actuando acorde con la Ley Contra el Lavado de Activos, El Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de armas de Destrucción masiva (Ley 977), pero la mayoría de los presos políticos son acusados por terrorismo. Para Carrión el contenido de las acusaciones son causas inventadas y también destacó que las audiencias las hacen en secreto, a escondidas del público.
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