A la dictadura de Daniel Ortega le incomoda cualquier persona que critique su régimen, y en consecuencia ha deportado a periodistas y feministas, además de negar la entrada a defensores de derechos humanos que han cuestionado la represión y persecución que ha impuesto contra los manifestantes desde abril.
Durante la crisis sociopolítica del país, al menos tres personas han sido deportadas por el régimen orteguista; el último caso fue el de la feminista y especialista en Salud Pública, Ana Quirós.
Sin embargo, antes —en octubre— Carl David Goette-Luciak, periodista y documentalista austruiaco-norteamericano, fue capturado y llevado semidesnudo y esposado por la Policía Orteguista (PO) hacia el Aeropuerto Augusto C. Sandino y fue deportado.
Pero ya había antecedentes. En agosto, la documentalista brasileña Emilia Mello fue detenida cuando acompañaba a líderes universitarios de la lucha cívica, quienes se dirigían a una marcha. La condujeron a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la deportaron.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que las políticas migratorias las regulan los gobiernos, pero en el caso de Nicaragua, Ortega está usando la facultad migratoria que, como gobierno tiene, para expulsar y agredir a las personas. Legalmente, a esos ciudadanos deportados no se les trata de forma adecuada, ya que no reciben ni una explicación, sino que las expulsiones están acompañadas de un comportamiento agresivo, explicó.
En el mismo mes de la deportación de la brasileña, el régimen orientó la salida de la comisión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), bajo el alegato de que se habían terminado las razones de la permanencia de la misión en el país.
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Núñez señaló que tanto periodistas como defensores de derechos humanos han sido víctimas de la actuación migratoria.
“Están buscando cómo ocultar que las cosas que están cometiendo salgan hacia el exterior a través de los medios de comunicación, o a través de las gestiones que los defensores de derechos humanos pueden hacer ante las instancias internacionales”, dijo. Esto también pasa por una actitud de rechazo a todo lo que significa fiscalizar el comportamiento de la dictadura.
Implementan vieja estrategia
Las expulsiones no son nuevas para el régimen de Daniel Ortega, ya que antes del estallido social de abril, las había implementado contra periodistas y otros extranjeros. Eso también sucedió en 2013 con el boliviano Carlos Ariñez Castel, expareja de Zoilamérica Narváez, hija de la vicepresidenta designada, Rosario Murillo.
Para el sociólogo Óscar René Vargas, la lógica es silenciar a toda voz crítica. Él señaló que en Nicaragua están utilizando el control migratorio como un instrumento político, similar al sistema de justicia. “Están utilizando el sistema migratorio para condenar y para reprimir a la gente (…)”. Con el sociólogo coincidió la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, quien explicó que migración es “prácticamente el brazo represor de Daniel Ortega para rechazar o para permitir la entrada o para expulsar arbitrariamente a la gente (…)”.