La dictadura orteguista ha incrementado su asedio e intimidación a líderes del sector empresarial que exigen el cese de toda represión. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), denunció que el domingo reciente fue asediado por la Policía Orteguista (PO).
“Quiero denunciar que ayer (domingo) fui retenido dos veces en la (carretera) Panamericana por la Policía Nacional, me tomaron fotos y después que me dejaron ir. Mi vehículo fue perseguido por tres carros hasta llegar a Managua donde me les pude perder. Acoso policial en lo fino”, denunció Chamorro a través de sus redes sociales.
Chamorro es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que integran el sector privado, estudiantes, campesinos, académicos y miembros de la sociedad civil que participaron en el Diálogo Nacional. La Alianza Cívica ha demandado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el cese de la represión que deja entre 325 y 535 muertos, la liberación de más de 600 presos políticos así como el adelanto de las elecciones nacionales.
Quiero denunciar que ayer fui retenido dos veces en la Panamericana por la Policía Nacional, me tomaron fotos y después que me dejaron ir mi vehículo fue perseguido por tres carros hasta llegar a Managua donde me les pude perder. Acoso policial en lo fino.#SOSNICARAGUA
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) December 3, 2018
Esta es la segunda ocasión en que el director de Funides se enfrenta al acoso de la PO, brazo represor del régimen Ortega-Murillo hacia la población y líderes de la Alianza Cívica. El 24 de noviembre pasado oficiales llegaron a la vivienda de Chamorro, pero al no encontrarlo se retiraron.
El asedio continúo al día siguiente 25 de noviembre siendo retenido Chamorro en la carretera a Masaya por policías en una patrulla que no era de tránsito. En esa oportunidad a Chamorro y a su conductor se les pidió sus respectivas cédulas de identidad, y hasta que los policías hicieron varias llamadas dejaron ir al representante del sector privado.
“Obviamente son tácticas de intimidación”, denunció en esa oportunidad el director de Funides.
Al menos siete miembros de la Alianza Cívica han sido encarcelados por el régimen orteguista, entre ellos los líderes campesinos y universitarios.
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Empresario de Somoto ya lleva 13 días detenido
También está encarcelado el presidente de la Cámara de Turismo en Somoto, José Gonzalo Hernández Cáceres quien fue secuestrado junto a la catedrática Ana Cecilia Hooker, por la Policía Orteguista, el 20 de noviembre después de haber participado en un plantón por un grupo de ciudadanos autoconvocados en las calles de Somoto, cabecera departamental de Madriz, donde entonaron el Himno Nacional.
El empresario Hernández y la docente Hooker llevan 13 días detenidos en el centro de torturas el Chipote, en Managua, sin que se les haya presentado una acusación formal.
Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), señaló que la detención el Chipote, Herández, quien es presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) en Madriz, y de la profesora Ana Cecilia Hooker Bermúdez, viola los derechos humanos de ambos ciudadanos.
Gonzalo Hernández y Ana Cecilia Hooker, son parte de los más de 600 presas y presos políticos víctimas de esta dictadura familiar, porque han sido detenidos ilegalmente, violando sus derechos, porque están encarcelados sin que hasta hora se les haya formulado acusación alguna manifestó, Gonzalo Carrión, mientras participaba de la conformación de la nueva organización de Periodistas Independientes de Nicaragua (PCIN) en un hotel de Managua.
El abogado del CENIDH, dijo que hasta hora los familiares de Herández y Hooker solo los han podido ver por espacio de 20 minutos, y aunque constataron que están bien de salud eso no significa que no están privados de libertad y que sus derechos no están siendo violados, indicó.
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Funides junto a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), denunció el viernes pasado a suspensión de los derechos constitucionales de los nicaragüenses y atribuyó las recientes sanciones de Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega a “las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la débil institucionalidad”.
Las principales cámaras privadas del país a través de comunicado conjunto señalaron que la expulsión de la activista Ana Quirós, así como el despojo de la personería jurídica del Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud (Cisas) y la confiscación de los bienes de este organismo profundizan la inseguridad ciudadana y jurídica en detrimento de la recuperación económica.