Un día antes de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitiera su Mensaje de Adviento de 2018, en el que reitera su llamado a la reconciliación y al diálogo nacional, el sector empresarial privado demandó al gobierno tener voluntad “para encontrar una solución democrática, cívica y pacífica a través de la reanudación del Diálogo Nacional que adicione garantías internacionales”.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), emitieron el 30 de noviembre un comunicado conjunto en el cual denuncian la suspensión de hecho de los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Según las asociaciones empresariales, “personas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas independientes siguen siendo capturados, acosados, asediados y perseguidos en forma ilegal”. Se podría decir, agregamos nosotros, que la dictadura mantiene al país y al pueblo en un estado de sitio.
Los empresarios coinciden con los obispos al decir que la represión y las violaciones de los derechos humanos “han provocado una división profunda en nuestra sociedad, lo cual no abona a un clima de reconciliación y paz permanente y verdadero”. Y agregan que al permanecer muchas propiedades privadas tomadas “de manera ilegal y delictiva”, se perjudica el empleo, la producción y la seguridad jurídica; y se opacan las posibilidades de recuperación de la economía y la confianza de los agentes económicos y sociales.
La justa y correcta posición de los empresarios merece el respeto de la ciudadanía tanto como la de los obispos. La clase empresarial es un factor de moderación en la lucha por la recuperación de la democracia, piensa y actúa en consonancia con la orientación de la Conferencia Episcopal de que para avanzar hacia una solución justa de la crisis, “no hay que dejarse seducir por soluciones inmediatistas”.
Pero la verdad es que prácticamente todos los sectores involucrados en la resistencia a la dictadura desechan las posiciones extremistas. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, el sector empresarial, la Alianza Cívica, la Articulación Social y la gran Unidad Azul y Blanco, coinciden en abogar por una vía política, cívica y pacífica hacia la solución de la crisis, que sea el resultado de un diálogo nacional en el cual se acuerde el procedimiento para regresar a la democracia y restablecer el Estado de derecho, comenzando por devolverle a los ciudadanos el derecho de votar y elegir libremente a sus gobernantes y representantes.
Esta solución es respaldada plenamente por la comunidad democrática internacional, incluyendo a los Estados Unidos (EE. UU.), cuyas sanciones al régimen de Daniel Ortega apuntan precisamente a persuadirlo que atienda ese gran consenso nacional e internacional. Lo cual Ortega debería hacerlo no solo por el interés de Nicaragua, sino también en su propio beneficio.