Para el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, el hecho que la Policía Orteguista (PO) ni el Sistema Penitenciario Nacional hayan permitido que dos presos políticos dieran el último adiós a sus madres, denota la naturaleza vengativa y de castigo contra las reos políticos.
Eso sucedió con el militar retirado, Alfonso Morazán Castillo, que no logró despedirse de su mamá Carmela Arteta. Tampoco lo pudo hacer Misael Escorcia Rocha con su mamá, Martha Lorena Rocha Rocha, de 51 años, quien falleció sin ver por última vez el rostro de su hijo, a quien le imputan el delito de terrorismo y otros.
De acuerdo con Carrión, en estos procesos se debe acreditar la muerte del familiar, lo cual se hace por medio del acta de defunción, y en dependencia de la autoridad que está custodiando al detenido, se comparece ante esta para solicitar el permiso.
Eso se contempla en los derechos del reglamento de la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, en la que se señala “a obtener permiso extraordinario de salida transitoria, en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, hermanos, cónyuge e hijos. Se exceptúan los permisos a internos de alta peligrosidad y los que por medida de seguridad no puedan visitar el lugar en donde se cometió el acto punible”, se lee en el documento.
El permiso se suele conceder bajo custodia, explicó Carrión, quien también es abogado. Sin embargo, antes del estallido de las protestas en abril, también habían arbitrariedades con respecto a ese derecho en el caso de los reos comunes. Esto también se ha materializado con los presos políticos, quienes han sido privados de participar del acto fúnebre de sus respectivas madres.
Es un acto humanitario
Gonzalo explicó que el permitir que el reo salga para estar en el funeral de miembros de su familia es un aspecto eminentemente humanitario, tomando en consideración que es un hecho trascendental para el privado de libertad.
“No hacerlo es negarle la condición de la dignidad humana a la persona”, añadió.
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No obstante, a esa situación se han enfrentado estos dos reos políticos, y en el caso de Morazán Castillo prevalece un agravante, ya que este se mantiene en detención ilegal porque no ha sido presentado ante un juez. Dicha situación también se repite con otros presos políticos, que llevan más de dos meses encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, y sus procesos judiciales siguen en el limbo.
Los presos políticos, por medio de sus familiares ,han denunciado múltiples tipos de torturas; desde interrogatorios en horas de la madrugada, amenazas, quemaduras y maltrato psicológico. Esto también ha incluido la grabación de videos “inculpando” a reconocidas personalidades.
Más de 500 presos
La situación de los presos políticos ha sido negada de todas formas por la dictadura Ortega-Murillo, que los ha denominado como terroristas y delincuentes, causantes de crímenes atroces. Según recuentos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en las celdas del país se encuentran 603 personas privadas de libertad; muchas de ellas, han sido sometidas a procesos judiciales donde los mismos policías, que han sido señalados de ejercer la represión contra el pueblo desarmado, son los testigos.
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Varios de los presos políticos son jóvenes que estuvieron al frente de marchas pacíficas para denunciar los crímenes del dictador Daniel Ortega y demandar justicia para todos. Los han acusado de terroristas y en muchos casos, les han
limitado la visita de sus familiares al Sistema Penitenciario.