Nicaragua llega este jueves a los 233 días de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son las noticias más relevantes para este día.
Una mujer rusa quema con ácido sulfúrico a sacerdote en Catedral de Managua
Una mujer de origen ruso, identificada como Elis Leonidovna Gonn lanzó este miércoles ácido contra el vicario de la Catedral de Managua, Mario Guevara. Gonn había sido confesada por el padre Guevara, posterior, mientras el sacerdote bendecía algunos artículos religiosos, lo atacó por la espalda rociándolo con ácido, provocándole quemaduras en parte de su rostro y resto del cuerpo, explicó el fray Silvio Romero. Lea más aquí.
Crisis política en Nicaragua encarece con rapidez el dólar
Mientras entre la población persiste el temor de una posible devaluación del tipo de cambio del córdoba ante el dólar, la brecha cambiaria, o diferencia entre el tipo de cambio oficial y el valor promedio que se paga en el mercado nacional para adquirir un dólar, se ubicó en 1.79 por ciento, su nivel más alto de los últimos tres años. El 19 de abril, es decir un día después del estallido de la crisis sociopolítica, dicha brecha era del 0.12 por ciento.
Régimen impone a Laureano Ortega para cantar en serenata a la Virgen María en El Viejo
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso a Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, para que le cantara este miércoles a Nuestra Señora del Trono, en El Viejo, Chinandega. El hijo de Ortega se presentó junto a la soprano Elisa Picado y la Camerata Bach que interpretó los corridos de León y Chinandega y Nicaragua Mía en la tradicional serenata. Más información aquí.
Ley de Justicia Constitucional incluirá nuevas sanciones a funcionarios
La propuesta de Ley de Justicia Constitucional incorporará sanciones administrativas y penales a los funcionarios públicos que no cumplan con resoluciones judiciales, informaron fuentes legislativas. Aunque en la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, a cargo de la consulta de la propuesta de Ley, aun no se ponen de acuerdo con las sanciones específicas en el ámbito civil y penal que pesarían hacia los funcionarios públicos.