Gobierno de Taiwán dona 3 millones de dólares a la Policía Orteguista

La donación servirá para construir una policlínica en el Hospital Carlos Roberto Huembes, que pasará de tener 48 consultorios a un total de 120, según el régimen de Daniel Ortega

El comisionado general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO

El Gobierno de Taiwán donó este jueves 3 millones de dólares a la Policía Orteguista (PO), para ampliar un hospital que está bajo su administración, informó el régimen de Daniel Ortega.

La donación, según la información oficial, servirá para «fortalecer las capacidades y servicios del Hospital Carlos Roberto Huembes», que planea construir una policlínica que pasará de tener 48 consultorios a un total de 120.

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«Este aporte viene a elevar el nivel en la calidad de las atenciones a nuestros usuarios, tomando en cuenta que en el área de las consultas externas se nos presenta una aglomeración», dijo el director del hospital, Julio César Paladino, a través de medios del Gobierno.

Actualmente, el área de Consulta Externa del Hospital Carlos Roberto Huembes atiende a unas 52,000 personas por mes, según datos de la PO.

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El aporte fue entregado por el embajador de Taiwán, Jaime Wu, al jefe de la PO, Francisco Díaz, quien a mediados de año fue sancionado por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky, «por abusar de los derechos humanos de los nicaragüenses y su papel en los homicidios de decenas de manifestantes», en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

Nicaragua es uno de los 17 aliados diplomáticos de Taiwán, considerado por China como una provincia rebelde.

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Taiwán financia en Nicaragua 27 proyectos de alimentos, cultivos de frutales y cría de cerdos de calidad superior, entre otros, por valor de entre 30 millones y 50 millones de dólares, según el régimen de Ortega.

Economistas consultados por LA PRENSA consideran que aunque ese país asiático tenga la capacidad económica, no compensará las carencias financieras que enfrenta el régimen por el retiro de la cooperación bilateral, y menos aun el vacío que dejaría la suspensión del financiamiento que otorgan organismos multilaterales, como consecuencia de las sanciones que se impondrían si es aprobada la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, que fue fusionada con la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act).

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