Hagamos Democracia en la mira del régimen de Daniel Ortega

Los directivos del organismo Hagamos Democracia fueron citados por las autoridades del Ministerio de Gobernación para que les presenten los libros contables y financieros

Luciano Garcia presidente de Hagamos Democracia. LA PRENSA/ARCHIVO

Los directivos del organismo Hagamos Democracia (HD) fueron citados por las autoridades del Ministerio de Gobernación (Migob) para que les presenten los libros contables y financieros, una medida que se considera parte de la escalada de intimidación del régimen orteguista hacia las ONG críticas.

Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, informó que la citatoria es para este viernes a las 11:00 de la mañana en las oficinas del ministerio.

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“Nos están solicitando información para presentar los libros contables”, informó García, quien está exiliado por las amenazas del régimen.

El orteguismo ha querido involucrar a García en una supuesta estructura criminal que financiaba las protestas que iniciaron en abril, las cuales fueron reprimidas por el Estado y paramilitares afines al orteguismo.

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Hagamos Democracia se convierte así en el tercer organismo no gubernamental (ONG) que sufre asedio directo por parte de la dictadura de Daniel Ortega, y por haber denunciado la represión en contra de las protestas que han dejado entre 325 y 535 muertos, miles de heridos y más de seiscientos presos políticos, según organismos de derechos humanos.

“Culpables al bolsazo”

“El Gobierno anda buscando culpables al bolsazo. Nosotros hemos sido transparentes en el uso de nuestros fondos y nunca hemos utilizado dinero para promover ninguna ilegalidad… Todas nuestras acciones han sido apegadas a ley, conforme lo dicta la Constitución de Nicaragua. El que está actuando en contra de la Constitución, en ese caso, es el Gobierno de Nicaragua”, afirmó García.

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Los otros dos organismos que sufren la represión directa son el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas). Este último dirigido por Ana Quirós, expulsada recientemente.

La Asamblea Nacional canceló a Cisas la personería jurídica la semana pasada, a solicitud del Migob, que le acusó sin presentar pruebas de haber participado en las acciones de “desestabilización” contra la dictadura.

El régimen ordenó congelar las cuentas bancarias del Ieepp sin que Gobernación informara a sus directivos que existe algún tipo de investigación en su contra.

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La medida se tomó una semana después que los directivos del Ieepp fuesen citados por el Migob, que se les quitó los libros contables, y las autoridades les recordaran que su director —Félix Maradiaga— es acusado de estar detrás del supuesto intento de golpe de Estado, que es la versión de Ortega para no reconocer las protestas ciudadanas en su contra.

Estado represor

Para el presidente de Hagamos Democracia, el asedio que sufren las ONG críticas a la dictadura evidencia que no se está dispuesto a una solución pacífica a la crisis sociopolítica.

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“El régimen lo que desea es enterrar todo lo que sienta oposición a sus acciones, violentando los derechos humanos y civiles de los ciudadanos y organizaciones que le han dicho la verdad. Ellos están reprimiendo nuestra libertad… es un Estado represor”, afirmó García.

Amenaza de Navarro

El Ieepp podría ser el siguiente en perder su personería jurídica, pues ayer el diputado orteguista Wilfredo Navarro dijo que solo esperan un informe de Gobernación sobre ese instituto para actuar en su contra en la Asamblea.
“Si se comprueba alguna actividad delictiva o que se violaron los estatutos de las instituciones estarían sujetos a las sanciones, esperamos que algo llegue a la Asamblea para tomar una decisión”, aseveró Navarro, quien es segundo secretario de la Asamblea.

El apoyo de EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos anunció recién que donará cuatro millones de dólares en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción de la democratización y los derechos humanos en Nicaragua.

Esa cooperación es parte de una ayuda global de 18 millones de dólares destinadas a Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde Estados Unidos considera que existen dictaduras.