Régimen orteguista tramita la anulación de la personería jurídica del Ieepp

El decreto de cancelación fue presentado ante la junta directiva de la Asamblea por el presidente de la Comisión de Gobernación, el orteguista Filiberto Rodríguez. Se trata de la segunda ONG que es enviada a cerrar por el régimen

Instalaciones del IEEPP en Managua. LA PRENSA/ LEONOR ÁLVAREZ

Instalaciones del IEEPP en Managua. LA PRENSA/ LEONOR ÁLVAREZ

La dictadura orteguista, a través de la Comisión de Paz y Gobernación de la Asamblea Nacional, tramita la cancelación de la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), medida que se concretará la próxima semana, de acuerdo con la agenda programada por la junta directiva parlamentaria.

Este viernes también se conoció que la Fiscalía abrió investigación contra Hagamos Democracia.

De esta manera, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concreta las acciones represivas hacia las organizaciones sin fines de lucro que durante los once años de dictadura han mantenido su papel crítico y de denuncia de los abusos institucionales y de los derechos humanos en Nicaragua.

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Dayra Valle, subdirectora del Ieepp, calificó de “arbitraria” la medida de la que aseguró no han sido notificados por el Departamento de Registro y Control de Organismo sin Fines de Lucro de Gobernación ni por la Asamblea Nacional.

“No hemos sido notificados previamente de las acciones que se han adoptado en nuestra contra. Demandamos saber exactamente cuál es la acusación directa que existe contra el Ieepp, porque lo último que sabíamos —por parte de un fiscal, el director y la subdirectora de la Dirección de Organizaciones sin Fines de Lucro de Gobernación— fue que había una investigación hacia nuestro presidente (Félix Maradiaga), pero no se nos dijo que haya una investigación contra el instituto”, afirmó Valle.

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El Ieepp tiene 15 años de funcionamiento en Nicaragua, destacándose como uno de los centros de pensamiento de mayor prestigio, por promover la educación en temas presupuestarios y la transparencia en la función pública.

La subdirectora del Ieepp rechazó cualquier señalamiento de que violaron los estatutos como organización o de estar vinculados con hechos delictivos, pues dijo que incluso tiene “cartas de felicitaciones” extendidas estos años por instituciones como el Seguro Social y el Ministerio del Trabajo por cumplir siempre las leyes del país.

Valle insistió en que no hay sustento legal para quitarle la personería jurídica al Ieepp. “En una causa totalmente arbitraria porque no somos sujetos de delitos. Cada vez que se nos ha requerido información, la hemos proporcionado y no sabemos la naturaleza de lo que nos están acusando”, afirmó.

El diputado verdugo

El trámite para cancelarle la personería jurídica al Ieepp se toma una semana después que los diputados orteguistas despojaron de su personería y confiscaron al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), cuya directora es la activista Ana Quirós, a quien el régimen expulsó del país.

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Según la agenda base del Legislativo —en poder de LA PRENSA—, quien presentó el decreto de cancelación de la personería del Ieepp fue el presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Filiberto Rodríguez, y lo hizo el reciente 5 de diciembre, el mismo día en que se conoció que a la organización le fueron congeladas las cuentas bancarias.

Rodríguez ha sido señalado de haber dirigir la represión de las huestes orteguistas a las protestas ciudadanas en León.

La junta directiva del Parlamento dio visto bueno al decreto presentado por Rodríguez y lo incorporó en la agenda de discusión del plenario de la próxima semana.

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Aunque el documento aún no está disponible en la página web de la Asamblea, fuentes legislativas afirmaron a LA PRENSA que el Ministerio de Gobernación solicitó quitarle la personería al Ieepp con el mismo falso argumento que le aplicaron a Cisas, de que su personal estuvo detrás del financiamiento al supuesto golpe de Estado contra Ortega, que es la versión del régimen para desconocer la protesta ciudadana que estalló en abril.

La dictadura ordenó liquidar los bienes de Cisas y que el dinero resultante pasara al Estado de Nicaragua, lo que para diferentes sectores es considerado una confiscación. Medidas similares serían adoptadas contra el Ieepp. Esa organización es dirigida por el opositor y crítico Félix Maradiaga, quien actualmente se encuentra en el exilio por las amenazas de encarcelamiento por parte del régimen orteguista.

A Maradiaga se le acusa de financiamiento al terrorismo y crimen organizado.

Red de ONG exige parar

Este viernes fue citada por las autoridades del Ministerio de Gobernación la directiva del organismo Hagamos Democracia, al que le retuvieron los documentos contables. Se conoció extraoficialmente que la Fiscalía giró un oficio a Gobernación para que “se investigara” a Hagamos Democracia “debido a los supuestos delitos imputados contra su presidente, Luciano García”.

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García está exiliado debido a que el régimen lo acusa de supuestamente estar detrás del intento de golpe de Estado, el cual es la versión de la dictadura para desconocer las protestas ciudadanas.

La red de más de cien ONG en Nicaragua en un pronunciamiento demandó el “cese inmediato del asedio y represión”.

Denunciaron el “sistemático ataque” a su trabajo, campañas de desprestigio y criminalización durante los 11 años del régimen orteguista, que se ha intensificado con la aprobación de la Ley contra el Terrorismo.

Las ONG demandaron “que en Nicaragua impere el Estado de Derecho, que se restablezca la democracia, y que haya verdad y justicia para las víctimas de la grave crisis sociopolítica” que desde abril suman más de quinientas producto de la represión.

Caso de Visión Mundial

En la Asamblea también se tramita la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Visión Mundial Nicaragua (FVMN), que le pertenece al organismo internacional World Vision desde el 2000. Harold Rizo, del área de Comunicación de esa institución, explicó vía telefónica que ellos pidieron cancelar la personería como fundación pues no funcionan como tal en el país, sino con la base jurídica de World Vision.

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