Pobladores reportan siete secuestros en solo dos días

Tres miembros de una familia fueron secuestrados por la Policía Orteguista en Jinotepe. Fueron trasladados a la delegación policial departamental y luego al Chipote

Eyner Medran, su esposa Dora Johana Chávez Rojas y su hermana Karla Vanessa Chávez Rojas. LA PRENSA/ CORTESÍA

Unas siete personas fueron secuestradas por la Policía Orteguista (PO) en Jinotepe, Jinotega, Nagarote y Chinandega, entre el 6 y el 7 de diciembre, días en que se celebra a la Concepción de María en Nicaragua.

Mientras Rosario Murillo habló —en su monólogo del mediodía de este viernes—, sobre el amor y la devoción mariana, tres miembros de una familia fueron secuestrados por la Policía Orteguista.

La captura ocurrió en las afueras del centro educativo José de la Cruz Mena, en el barrio Madre Villa Proletaria, de la ciudad de Jinotepe, Carazo, cuando salían del acto de promoción de una niña.

Las víctimas son las hermanas Karla Vanessa Chávez Rojas y Dora Johana Chávez Rojas, y su esposo Eyner Medrano, quienes viajaron desde Costa Rica para asistir a la promoción de sexto grado de su hija Angie Michel, pero al salir del centro educativo fueron capturados por la Policía Orteguista.

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La alegría de la familia se convirtió en llanto. Los tres fueron trasladados a la delegación policial departamental y luego a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Chipote en Managua.

La PO vincula a los tres secuestrados con otros miembros de esta misma familia que supuestamente participaron en las protestas y tranques en contra de la dictadura.

Sus familiares afirmaron que Medrano fue torturado y producto de las lesiones fue transferido al Hospital Antonio Lenín Fonseca. Los celulares de los tres detenidos fueron ocupados.

Los vinculan con otros familiares

Dos miembros de esta misma familia han sido condenados por el régimen. A Raúl Ernesto Rojas Bello lo presentaron como dirigente de los tranques, aunque su familia ha asegurado que él nunca participó.

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Tras su detención, la PO informó que le había ocupado un AK 47 y un vehículo, con el que supuestamente trasladaba armas. Rojas fue juzgado por el delito de portación ilegal de armas de fuego o municiones y fue condenado a un año de prisión, más cien días multa.

A pesar que se le otorgó el beneficio de la suspensión de la pena, con la medida de arresto domiciliar, sigue detenido.
Josué Santiago Álvarez Rojas es primo de los detenidos y se encuentra preso en La Modelo por supuestamente haber participado en los tranques.

“Son medidas profilácticas”

Para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el régimen continúa la represión para evitar que la población se vuelva a levantar para ejercer su derecho constitucional a la protesta.

“Son profilaxis para alimentar el miedo, para que nadie tenga el valor de protestar, porque saben que se lo llevarán preso”, dijo Cuevas.

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Cuevas recalcó que a diario en la CPDH reciben denuncias de detenciones ilegales de diferentes departamentos del país.

En el mismo sentido, Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el jueves que todos los días reciben una denuncia sobre violación de derechos humanos de Nicaragua.

La afirmación la hizo durante el 170 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos.

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“Nicaragua efectivamente, cada día que pasa, la situación se deteriora y eso está representado en los hechos de violencia y persecución que todos los días se registran. No hay un único día en Nicaragua que la CIDH no reciba una denuncia de violación de derechos humanos”, manifestó Abrão.

En Chinandega

Mientras en Chinandega, Rosario de la Concepción Balmaceda Zúñiga, de 35 años, fue detenida el 6 de diciembre por oficiales de la PO en las inmediaciones de la Basílica Menor Nuestra Señora del Trono, en El Viejo, Chinandega, mientras se celebraba la Lavada de la Plata.

“Ella estuvo en las marchas. Este jueves no estaba en la Lavada de la Plata, pero fue cerca del templo que se la llevaron”, dijo una amiga de la feminista quien es originaria de El Viejo, pero trabaja de manera activa en Chinandega.

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Al atardecer la familia de Balmaceda, que reside en el barrio Pancasán (sureste de la ciudad de El Viejo), indicó que supuestamente a Rosario la trasladaron a Managua, porque no estaba ni en la unidad policial de El Viejo ni en Chinandega.

El Cuá, Jinotega

Otra víctima es la profesora Iveth Aguilar, maestra de primaria del colegio Estrella de Belén, comunidad El Cedro (El Cuá, Jinotega), quien fue secuestrada el 6 de diciembre en horas de la mañana en la delegación del Ministerio de Educación (Mined) del municipio de El Cuá.

Amistades y familiares responsabilizaban a la PO, en complicidad con la delegada Jadira Gurdián, de lo que pueda sucederle. Según denunciantes, a la profesora no se le señala ningún delito, pero dicen que no acata órdenes políticas de la directora Esmeralda Hernández.

El miércoles 5 de diciembre fueron secuestrados Delvin Solís Salazar y su esposa Edipsia Antonia Palacios, cuando regresaban de sus trabajos en Nagarote. Ese mismo día la PO allanó tres casas de la familia Solís, incluyendo la del matrimonio arrestado. A la pareja la señalan de elaborar gorras de la Policía sin autorización.

Civiles armados

Otro secuestro se dio en Mateare, el mismo 5 de diciembre. La víctima es el mecánico Jacinto Isaac Rojas y la denuncia la interpuso Jessenia Gómez Espino ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien dijo que su esposo fue detenido por “civiles armados”.

El hecho sucedió cuando Rojas se dirigía a la venta, a dos cuadras de su casa, y se le acercaron civiles a bordo de una camioneta Hilux y motocicletas, lo rodearon y lo secuestraron. “Se lo llevaron ilegalmente, sin una orden de captura.

Yo exijo su libertad porque es inocente. Solo hemos participado en las protestas, como derecho ciudadano”, expresó Gómez.

Pablo Cuevas, de la CPDH, dijo que este viernes presentaron el recurso de exhibición personal por detención ilegal. “Tiene características de un secuestro y es una acción más del cúmulo de acciones ilegales que vienen cometiendo en contra de los ciudadanos”, dijo Cuevas.

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