Economistas advirtieron este s´sabado del fuerte impacto que tendrá sobre la economía, principalmente en las finanzas públicas de 2019, la Nica Act una vez esta sea aprobada esta semana en la Cámara Baja de EE.UU., tal como lo anunció ayer la congresista Ileana Ros Lehtinen.
Las sanciones que Estados Unidos aplicará a Nicaragua podrían quedar aprobadas en los próximos días y comenzar a ejecutarse en 2019. Los dos proyectos de ley, Nica Act y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, fusionados serán aprobados por la Cámara de Representantes esta semana.
Una vez de su aprobación, quedará a merced del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tendrá un plazo de diez días para firmarla y convertirla en ley.
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El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter la congresista republicana Ileana Ros Lehtinen, principal promotora de la Nica Act. “La próxima semana la Cámara finalmente va a pasar mi (ley) Nica Act y enviarla al Presidente (Donald Trump) para su firma. Así pondremos sanciones adicionales hacia Ortega y sus títeres por más de 10 años de abuso, corrupción y desmantelamiento de instituciones democráticas en Nicaragua”, escribió Ros-Lehtinen.
Efectos grave sobre economía
Diferentes economistas consultados consideraron que una vez aplicada la Nica Act los préstamos que Nicaragua tiene aprobados con los organismos multilaterales (Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID); e incluso algunas agencias ligadas a estos organismos) estarían en “grave peligro” de que se pierdan.
Para el economista Alejandro Aráuz, el Gobierno de Nicaragua podría perder un aproximado de entre cuatrocientos millones de dólares y 460 millones de dólares, según un análisis preliminar de tendencias que ha realizado con base en la propuesta del Presupuesto 2019 del ejecutivo nicaragüense.
Otros analistas coinciden en que la pérdida de recursos de estos organismos multilaterales podrían oscilar entre quinientos y seiscientos millones de dólares en préstamos y donaciones en el sector público. “Este problema se agudiza porque la economía va en descenso debido a la incertidumbre. La gente no compra, los empresarios no invierten y es comprensible”, dijo un economista que no quiso brindar su nombre.
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A juicio de los economistas, la Nica Act vendría a suspender proyectos de inversión en infraestructura económica, como proyectos de elaboración de caminos rurales, construcción de carreteras, generación de energías, acceso a agua potable; infraestructura social, como la construcción y equipamiento de hospitales, centros de salud y escuelas.
La única forma de acceder a los recursos de los multilaterales, contemplado en la Nica Act, es en caso de “emergencias económicas”, necesidades humanas básicas y para la promoción de derechos humanos y democracia.
Según Alejandro Aráuz, la ley podría dar un golpe directo a la empresa privada, principalmente por la mezcla de capitales privados con personeros del Frente Sandinista.
Una fuente económica consideró que ante la inminente aprobación de la Nica Act y el posible impacto en los capitales, es que la empresa privada se convocó a una “encerrona” este miércoles 12 de diciembre para presentar un análisis de la realidad económica del país.
Los análisis apuntan a que el efecto de la ley podría dejar más de doscientos mil puestos de trabajo destruidos, por lo que se podría vaticinar que alrededor de 1.2 millones de personas no generarían ingresos.
Las fuentes de financiamiento que le podrían quedar al Gobierno de Nicaragua, ante el cierre del grifo de los multilaterales, son Taiwán (que en las últimas semanas ha otorgado donaciones) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en donde Estados Unidos tiene poca influencia de vetar préstamos.
Lista de sancionados
En el caso de la enmienda de la Ley sobre derechos humanos, este proyecto estipula que el Departamento de Estado debe presentar en un lapso de 180 días desde que se promulga la ley una “lista” o un informe detallado sobre los principales miembros de los poderes del Estado que han sido violadores de derechos humanos o involucrados en actos de corrupción para aplicar sanciones individuales.
En una entrevista con la periodista Leana Astorga, la congresista Ros-Lehtinen dijo que elaborará una lista de funcionarios involucrados en estos actos para que se tomen acciones contra ellos.