Llevan a tres autoconvocados de León a los juzgados de Managua

Los presos políticos asistieron a la audiencia preliminar en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia, acusados de entorpecimiento de servicios de públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua

Durante una manifestación, protestantes exigieron la liberación de los presos políticos en Nicaragua. LA PRENSA/Roberto Fonseca

Mientras miles de nicaragüenses celebraban el día de la Virgen Concepción de María y pidieron traer la paz a Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega sumó ayer en los juzgados de Managua un nuevo expediente de acusación contra nicaragüenses que desde abril exigen su salida del poder. Esta vez fueron llevados ante la justicia orteguista Ariel Icaza Acosta, Walter Mercado Pereira y Miguel Ángel Guerrero, por haber levantado tranques en León contra la dictadura.

Los presos políticos asistieron a la audiencia preliminar en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia, acusados de entorpecimiento de servicios de públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua

Según la acusación de la Fiscalía, los tres acusados junto a Orlando Hernández Fonseca y Jefry Rojas Muñoz, quienes se encuentran prófugos, colocaron tranques en diferentes calles del barrio Sutiaba Norte, en León.

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A los procesados también se les imputa el delito de robo agravado en perjuicio de Francisca Emelina Hernández.

La acusación señala que los procesados en compañía de un grupo de más de veinte sujetos aún no identificados, portando tubos lanzamorteros, llegaron hasta la casa de Francisca asumiendo que ella tenía escondido a un francotirador, y “así procedieron a lanzar piedras, tirar patadas en la puerta principal, hasta que lograron entrar al interior de la vivienda y se apoderaron de dos teléfonos celulares, más una cartera que contenía 500 dólares y cuatro mil córdobas”.

El juez dictó prisión preventiva para los tres acusados, giró orden de captura para los otros dos imputados y programó audiencia inicial para el 18 de diciembre.

Los jóvenes están detenidos desde el 28 de noviembre, por lo que la defensa alegó detención ilegal debido a que la audiencia preliminar se celebró diez días después a puertas cerradas, negando el acceso a la prensa independiente.

De esta manera, este caso se suma a las 145 causas que hasta el 29 de noviembre se ventilaban en los tribunales orteguistas.

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En una entrevista con un medio internacional, el 29 de noviembre la presidente de la Corte Suprema de Justicia —Alba Luz Ramos— reveló que en total son 546 acusados que han sido llevados a los tribunales, 261 son los que se encuentran detenidos por estar implicados en causas penales, abiertas tras los hechos de violencia ocurridos entre abril y julio de este año, según publicó la Corte en su sitio web.

El restante de acusados, es decir “285 están en libertad, pueden tener orden de captura, o están prófugos de la justicia o no han sido ubicados”, indicó.

Y aunque Ramos negó en esa ocasión que en Nicaragua hayan presos políticos, admitió que “todos los aprehendidos son presentados a la justicia por haber cometido algún delito durante los tranques en los meses de abril a julio”.

Más acusados

También ayer se esperaba que fuera presentado ante el juez el líder estudiantil José Ramón González, quien fue secuestrado desde el pasado 21 de noviembre. El joven era vocero del Movimiento 19 de Abril de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

En las afueras del Complejo Judicial Central de Managua se encontraban sus familiares, quienes alegaron que no lo han podido ver, tampoco les notificaron hasta cuándo sería presentado.

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“No sabemos ni siquiera el motivo por el cual lo tienen detenido”, manifestó una familiar que pidió se omitiera su nombre.

Según información de la Policía Orteguista

Ariel Icaza Acosta y Walter Mercado Pereira son los dos principales cabecillas de los tranques armados en el barrio Sutiaba, León.

Ahí supuestamente cometieron delitos de crimen organizado, asalto, extorsión, daños agravados, amenazas de muerte y portación ilegal de armas de fuego.

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El comisionado mayor Farle Roa Traña, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), fue el encargado de comunicar el pasado 30 de noviembre la captura de estos ciudadanos.

Traña mencionó que los capturados amenazaron de muerte a la pobladora Francisca Hernández, causándole destrozos en su vivienda y robando sus pertenencias.

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