Sin presentar pruebas, el Ministerio de Gobernación pidió a la Asamblea Nacional cancelar la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), por supuestamente “gestionar, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas” y señala que una vez que se apruebe dicho pedido en la Asamblea, esta ONG tiene 15 días para ser desmantelada.
La propuesta de decreto de cancelación de la personería del Ieepp no incorpora el detalle de la supuesta investigación de Gobernación, la Fiscalía y Policía Orteguista (PO) que vincula a ese organismo con los graves delitos que le atribuyen.
En cuanto a los bienes y las acciones, el decreto de cancelación de personería indica que deben liquidarse y su destino será conforme “el Acto Constitutivo o los Estatutos” de la organización. “Si nada se hubiera dispuesto sobre ellos, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, se indica.
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Al respecto, Dayra Valle, subdirectora del Ieepp, precisó que la cláusula 8 de los estatutos del Ieepp son claros en que en caso de cancelación de la personería, “se conforme una comisión de liquidaciones para los bienes, y lo primero con lo obtenido será cubrir los pasivos laborales, lo que se debiera a nuestro equipo de colaboradores y a los proveedores”. “No esperamos ser confiscados”, dijo.
Para Valle y Félix Maradiaga, director ejecutivo del Ieepp, las acusaciones por parte de las autoridades son arbitrarias, por lo que para ambos las acciones contra el instituto son ilegales y demuestran que todo obedece al interés del régimen de Daniel Ortega de callar a las organizaciones sin fines de lucro críticas a sus políticas represivas y de violaciones de derechos humanos en el país.
El Ieepp empezó a funcionar en el año 2003 en Nicaragua y obtuvo su personería jurídica en 2004. Durante los 15 años en el país ese instituto ha destacado por su trabajo académico y por realizar seguimiento e investigaciones en materia presupuestaria y de transparencia de la función pública.
Rapidez por reprimir
El director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias Quiroz, remitió el 4 de diciembre la solicitud de cancelación de la personería legal del Ieepp al presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras.
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Al día siguiente, 5 de diciembre, el presidente de la Comisión de Gobernación, Filiberto Rodríguez, introdujo el decreto que despoja al Ieepp de su permiso legal para funcionar.
Una vez aprobada la medida, la cual está prevista para la próxima semana, la organización tendrá 15 días para entregar los sellos y sus documentos al Ministerio de Gobernación y proceder a la liquidación de sus bienes.
Los diputados Porras y Rodríguez son señalados por movimientos de autoconvocados de haber dirigido la represión de las turbas orteguistas durante los meses más fuertes de las protestas ciudadanas, que iniciaron en abril.
Según el decreto legislativo, Rodríguez refiere que Gobernación señala a los miembros del Ieepp de violar la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
“Que en base a la información proporcionada por el Ministerio Público y la investigación de la Policía Nacional, se utilizó el esquema organizacional del Ieepp para la comisión de delitos al gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país”, se indica el documento.
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“Son argumentos sin ninguna prueba… Exigimos nos informen, con pruebas, cuáles son las irregularidades que alega la Asamblea Nacional, que justifiquen la cancelación de la personería jurídica”, reaccionó Maradiaga, actualmente exiliado debido a las amenazas de encarcelamiento en su contra.
El régimen acusa a Maradiaga de estar detrás de los supuestos actos terroristas, que es como descalifica a las protestas.
El 27 de septiembre pasado, la Fiscalía y la PO allanaron las oficinas del Ieepp y se llevaron una serie de documentos. Y el 5 de diciembre le congelaron las cuentas bancarias sin que se notificara a los directivos.
“Desde la primera ocasión que la Fiscalía nos solicitó información, dimos total acceso a los estados financieros y libros contables porque estamos convencidos de que nunca ha habido ninguna actividad ilícita en nuestras operaciones institucionales”, afirmó Maradiaga.
Procederán legalmente
Los directivos del Ieepp no descartan tomar acciones legales contra las autoridades. “Es una opción, pero será decidido por la máxima autoridad del instituto, que son nuestros 16 asociados”, dijo la subdirectora del Ieepp.
Valle explicó que una vez se concrete la represión de la Asamblea hacia el Ieepp, cumplirán y procederán al cierre de funciones.
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Desde el inicio de la crisis sociopolítica causada por la represión de la dictadura orteguista a las protestas ciudadanas, las organizaciones no gubernamentales han denunciado nacional e internacionalmente los crímenes que dejan más de quinientos muertos, miles de heridos y más de seiscientos presos políticos.
Esa posición crítica de las ONG provocó que el régimen de Ortega enfile su represión contra ellas por medio de Gobernación y la Asamblea. El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) fue la primera a la que despojaron de la personería jurídica, ordenaron su cierre y confiscaron sus bienes.
Además del Ieepp se preparan acciones hacia Hagamos Democracia, y se conoce que hay otras organizaciones promotoras de derechos humanos, académicas y empresariales.
Bancos deben explicación
El exdiputado y catedrático Eliseo Núñez considera “grave precedente” por parte del sistema bancario el hecho que se le hayan congelado cuentas bancarias del Ieepp, sin que el o los bancos donde es cliente ese organismo notificaran con anticipación y la base legal de la medida.
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El personal del Ieepp no revelaron el nombre de la entidad bancaria, pero sí dijeron no haber sido notificados de la medida.
Para Núñez es “preocupante” este actuar de la Fiscalía, Gobernación y del sistema bancario.
“Hay casos en que te embargan y congelan las cuentas bancarias, pero con base en una solicitud de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la orden de un juez, y el cliente lo sabe. Pero en este caso (del Ieepp) en el banco simplemente se actuó y dejó en indefensión total a su cliente”, dijo Núñez.
La lectura de Núñez sobre las acciones contra las ONG es que “el régimen no está dispuesto a negociar, a que haya democracia ni libertades”. “A Ortega no le importa el futuro del país, solo mantenerse en el poder, así tenga que navegar en escombros”, afirmó.