El presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a un inusual desafío político: no encuentra quien quiera ocupar el cargo de influyente jefe de Gabinete de la Casa Blanca, puesto que su actual ocupante, el general retirado John Kelly, ha calificado de “miserable”.
La oferta de este puesto de trabajo en la Casa Blanca suele generar más competencia que dudas, dada la relevancia y prestigio que conlleva. Sin embargo, también en este aspecto la presidencia de Trump ha roto con la tradición, ya que se ve ahora en la extraña disyuntiva de no encontrar sustituto.
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Tras anunciar Trump el reciente sábado que Kelly dejaría el puesto “a finales de año”, la única opción que había sobre la mesa, Nick Ayers, el jefe de Gabinete del vicepresidente Mike Pence, optó por hacerse a un lado él mismo y anunciar su regreso al estado de Georgia.
Para tratar de calmar las crecientes dudas, Trump salió rápidamente al paso el domingo en su cuenta de Twitter para revelar que se encontraba “en proceso de entrevistar a algunas personas realmente importantes para el puesto de jefe de Gabinete de la Casa Blanca”.
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Kelly se había quejado en diversas ocasiones de que la Casa Blanca de Trump era “un lugar miserable para trabajar”, según han recogido medios como The New York Times y The Washington Post, y llevaba meses estudiando su salida.
El general retirado llegó en julio de 2017 para tratar de poner orden en un primer año de presidencia de Trump.
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Antes de Kelly, el cargo estuvo ocupado por Reince Priebus, expresidente del Partido Republicano.
No altera política hacia Ortega
Bosco Matamoros, exembajador de Nicaragua en España, considera que el cambio en el Gabinete de la Casa Blanca no altera la política definida por Estados Unidos hacia el régimen de Daniel Ortega.
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“No miro ningún cambio. No debe confundirse que un individuo deje en el cargo con la política. Las sanciones hacia Ortega son decisiones en las que hay consenso del Congreso y el Senado y la Casa Blanca, por lo que la salida de John Kelly no alterará en nada”, afirmó Matamoros.
Esta semana se espera que el Congreso apruebe la Nica Act, que se sumarían a las sanciones ya adoptadas por EE. UU. a funcionarios del régimen de Ortega.