Grupo de Trabajo presentará tercer informe sobre crisis de Nicaragua al Consejo Permanente de la OEA

La sesión de la OEA se dará en la misma semana en que está previsto que el Congreso de Estados Unidos apruebe la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act)

Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). LA PRENSA/ CORTESÍA

Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). LA PRENSA/ CORTESÍA

La crisis sociopolítica de casi nueve meses en Nicaragua, causada por la represión del régimen orteguista contra la población civil, será abordada nuevamente por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este miércoles 12 de diciembre se expondrá al Consejo Permanente el tercer informe sobre la situación del país, elaborado por el Grupo de Trabajo conformado por esa organización.

La sesión de la OEA se dará en la misma semana en que está previsto que el Congreso de Estados Unidos apruebe la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), que implica una serie de sanciones políticas y económicas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Sería la última etapa para que la Nica Act se concrete pues el último paso sería que la ratifique el presidente Donald Trump, lo que sucedería antes de finalizar el año.

Ortega no los recibió

El Grupo de Trabajo para Nicaragua lo conformó la OEA el 2 de agosto pasado con el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas a la crisis sociopolítica causada por la represión gubernamental contra las manifestaciones ciudadanas cuya demanda ha sido el adelanto de las elecciones.

El Grupo de Trabajo lo integran representantes de Canadá —que lo preside—, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE. UU., Guyana, México, Panamá y Perú.

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Ortega ha negado el ingreso al país a los miembros de la comisión de la OEA, cerrándose a recibir la ayuda de la organización a la que ha descalificado, considerándola “injerencista”, por las condenas a la represión por parte de las fuerzas de la Policía Orteguista y los paramilitares contra las protestas ciudadanas que estallaron en abril pasado.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales estiman que entre 325 y 545 personas han muerto desde abril, cuando iniciaron las manifestaciones contra Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.

José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, ve posible que con base en el informe que revele cómo se ha incrementado la represión, el Consejo Permanente decida pasar a una nueva fase y “reclame acciones concretas” contra Ortega, “que pueden venir de la activación de la Carta Democrática Interamericana”.

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“Lo que haría falta es convocar una reunión extraordinaria de los cancilleres para ahondar en la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua y de ahí se dé el decreto de sanciones bilaterales de los Estados miembros de la OEA, seguidas de las que adopte Estados Unidos”, dijo Velásquez.

En octubre, cuando el Consejo Permanente conoció el segundo informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que de continuar la represión Ortega estaba obligando a ese organismo a recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Ese artículo significa pasar de la diplomacia preventiva a buscar la suspensión de Nicaragua de la OEA.

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Velásquez dijo que de concretarse esa medida en la OEA, se sumaría a la serie de acciones contra la dictadura de Ortega que está contemplando la comunidad internacional, liderada por EE. UU.

“Hay un movimiento importante en toda la área internacional desde la aprobación de la Nica Act, de las sanciones directas a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, y de la orden ejecutiva de (Donald) Trump que declaró al gobierno de Ortega una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, refirió Velásquez.

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Considera que el círculo contra Ortega ha continuado cerrándose internacionalmente con las declaraciones de Almagro, quien hace unos días señaló que hay evidencia de que el Gobierno de Cuba “está involucrado en toda las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en América Latina, especialmente Venezuela y Nicaragua”.

“Hay un movimiento hemisférico que está teniendo un impacto en la OEA y lo que hará el Grupo de Trabajo, además del papel de CIDH, están conformando un cuerpo de denuncias que pueden conducir a acciones más fuertes contra Ortega”, dijo Velásquez.

CIDH ha sido importante

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —que es parte de la OEA— ha denunciado la serie de violaciones de derechos humanos por el asesinato, asedio, intimidación, arrestos ilegales y procesos políticos a la que somete la dictadura orteguista a la población.

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La CIDH durante su 170 periodo de sesiones, realizado el 7 de diciembre, concluyó que la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los opositores y medios de comunicación independientes “ha instalado un régimen de terror y la supresión de todas las libertades”. La postura de la CIDH ha sido importante para las decisiones adoptadas en la OEA.

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