En medio de las expectativas generadas ante la inminente aplicación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos hacia el régimen Ortega-Murillo y la presión popular que demanda pasar de pronunciamientos a acciones contundentes que culminen con un cambio de gobierno, los representantes del gran capital se reunirán esta semana y emitirán una proclama pública, de la cual hasta ahora lo único que se sabe es que mantendrán la exigencia del adelantar las elecciones previstas para 2021.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo la semana pasada a un medio local que será un encuentro para analizar la situación tras 240 días de crisis sociopolítica y presentar las perspectivas de las 27 cámaras que integran el Cosep y otros sectores invitados “sobre lo que será el 2019”.
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Sin embargo, representantes de diversas organizaciones empresariales y políticas coinciden en que “las decisiones adoptadas por el establisment norteamericano” obliga a los empresarios a dejar atrás la etapa de las declaraciones para entrar en una dinámica de hechos. De esto, consideran, depende su futuro.
“La etapa de las declaraciones facilitaba el inmovilismo de algunos actores que han estado a la expectativa, algunos de ellos, como el sector empresarial, fueron expresamente aludidos por la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos. En este contexto, los principales factores de poder tendrán que mover sus piezas, estos son el Ejército, la cúpula empresarial y el círculo de beneficiarios del régimen que estén en capacidad de desprenderse (de él)”, dice un dirigente político que prefiere omitir su nombre por seguridad.
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Adelanto de elecciones y otros asuntos
Añadió que “también los gobiernos centroamericanos, especialmente los del Triángulo del Norte, tendrán que revisar su posición”.
Y aunque se desconoce el contenido del pronunciamiento que emitirán, diversos dirigentes empresariales coinciden en que el eje central seguirá siendo el adelanto de las elecciones.
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“El sector privado organizado no puede retroceder en la posición que ya fijó y que ha refrendado en diversas ocasiones. Lo que resta es definir el mecanismo para concretar ese proceso”, confía un dirigente empresarial que también prefiere el anonimato.
Otro dirigente empresarial consultado asegura que tanto Ortega como el sector privado saben que el vencedor de la batalla entre Ortega y el Gobierno de Estados Unidos ya está definido. Por tanto, la dirigencia empresarial está consciente de que “ubicarse en la acera de enfrente de Estados Unidos sería un suicidio”, por lo que la única opción que les queda para continuar con vida es separarse definitivamente de Ortega.
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“En conclusión, solamente visualizo dos escenarios: el primero, que insistan en una salida pronta, ordenada, constitucional, mediante elecciones anticipadas, con las debidas garantías. La liberación de los presos políticos y el cese de la represión. Este es el escenario más probable”, señala el dirigente.
Y añade que el escenario menos probable es que se plantee “que con Ortega en el gobierno no hay solución y que debe procederse a la sustitución constitucional de Ortega. Es decir, abrir un período de transición sin Ortega en el gobierno”.
Unidos por democracia
Recientemente Cosep, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) aseveraron que los derechos constitucionales de los nicaragüenses se encuentran de hecho suspendidos. Advirtieron que las posibilidades de restaurar la confianza de los agentes económicos y sociales son opacadas, por las tomas de propiedades privadas, de manera ilegal y delictiva en detrimento del empleo, la producción y la seguridad jurídica, propia de los Estados democráticos de derecho.
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La etapa de “declaraciones” a la que se refieren los consultados inició a finales de mayo cuando de forma individual representantes de los grupos empresariales más importantes del país, entre ellos Carlos Pellas, del Grupo Pellas; José Antonio Baltodano, de Mercon Coffee Group; Roberto Zamora Llanes, del Grupo Financiero Lafise, y Ramiro Ortiz, de Grupo Promerica, pidieron a través de cartas públicas enviadas al dictador Daniel Ortega una salida ordenada y dentro del marco constitucional que garantizara las reformas que conllevaran al adelanto de las elecciones.
Posteriormente el sector privado de manera conjunta se plegó al clamor popular de adelantar las elecciones para garantizar una salida ordenada de Ortega. La misiva estaba firmada por once de los catorce asesores del Cosep, entre ellos Carlos Pellas, Ernesto Fernández Holmann, Juan Bautista Sacasa y René Morales Carazo.
También la firmaron Aguerri, como presidente de esa organización empresarial, y los representantes de las 27 organizaciones que la integran, el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro y todos los directivos de Amcham, incluida su presidenta María Nelly Rivas.
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Desde entonces en sector empresarial se ha pronunciado en diversas ocasiones, especialmente para condenar la represión con la que el Gobierno ha respondido a la protesta popular que en ese momento solo había provocado ochenta muertes, cifra que actualmente supera los quinientos, además de miles de heridos, cientos de encarcelados y desaparecidos y cerca de mil millones de dólares en afectaciones económicas. Pero el sector privado ha reiterado su pedido de adelantar las elecciones.
Posibles acciones
Entre los mecanismos de acción que según dirigentes empresariales y políticos se barajan para concretar la salida ordenada del dictador Daniel Ortega figuran el referendo o un plebiscito, ambos contemplados en la Constitución Política del país como mecanismos con los que el pueblo puede ejercer su poder soberano. Estos tendrían que ser organizados por el Poder Electoral.
Asimismo, según dirigentes empresariales, quedan otras opciones como los paros y la moratoria fiscal.
“Cualquiera de estas medidas sería responder, con hechos a la declaratoria de guerra que lanzó Daniel Ortega, aunque todavía no la haya hecho efectiva”, dice un empresarios que prefiere el anonimato.
Tras la realización de tres paros nacionales de 24 horas —en junio, julio y septiembre—, Ortega amenazó con enviar a la Policía a abrir los negocios si los empresarios convocaban otro paro.