El analista político y disidente del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), Óscar René Vargas valoró que el movimiento social de oposición al régimen de Daniel Ortega se encuentra en una “nueva fase de lucha”, en la que tienen el reto de impedir el cierre de todos los espacios de expresión.
En septiembre la dictadura orteguista prohibió las manifestaciones opositoras en las calles, a través de una nota policial en la que advirtieron que “responderá ante la ley la organización o persona que convoque a manifestaciones ilegales”. Desde entonces, se incrementó la persecución, asedio y agresión a las personas que participaron desde abril en las protestas civiles, las cuales demandan la salida de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, del poder. Además, en las últimas semanas se intensificó el asedio a periodistas críticos y medios de comunicación de línea independiente.
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También se comenzó a confiscar a organizaciones no gubernamentales que han expresado su rechazo a la represión y violencia orteguista desde el 18 de abril.
“Estamos, el movimiento social en su conjunto, en la fase política de combinar la lucha por los derechos humanos de todos y por el combate de las demandas democráticas; por eso es necesario encontrar, de forma creativa las modalidades de articular las dos: luchar para impedir el cierre de todos los espacios para la lucha democrática, que es la clave para impedir que un Estado ‘policial’ se instale de manera permanente en Nicaragua”, manifestó Vargas, quien se encuentra en el exilio por las amenazas y acoso de los simpatizantes del régimen.
“Quieren imponer la guerra”
Vargas opinó que las acciones de los Ortega-Murillo en los últimos meses “indican que no contemplan renunciar”, lo que le hace creer que “quieren imponer la guerra como solución a la crisis sociopolítica”.
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“Ortega-Murillo piensa que una vez que las diversas expresiones de la sociedad, de los autoconvocados, hayan sido derrotadas, desmovilizadas y atomizadas al máximo por medio del terror; el gobierno puede seguir dominando al movimiento popular por medio de métodos cada vez más letales. Sin embargo, la oferta de estabilidad del régimen sería de corta duración, muy insegura y sin ninguna garantía para el capital”, opinó Vargas.
Defender los espacios
Desde el inicio de la crisis, el 18 de abril, entre 325 y 535 personas han muerto por la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles. También se cuentan 674 personas presas por participar en las protestas.
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“Aun en las condiciones adversas en que vivimos, un abandono de la lucha democrática sería un suicidio del movimiento progresista de los autoconvocados. Por pequeños que sean esos espacios, hay que valerse de ellos, para ensancharlos, darles consistencia, porque la vía de la lucha social es la vía para alcanzar la democracia, para cambiar el régimen actual”, dijo Vargas.
Hasta ahora los golpes más duros contra el orteguismo han venido del plano exterior, principalmente las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la esposa de Ortega; a su consuegro y jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz; a su secretario privado, Néstor Moncada Lau; entre otros personajes allegados a Ortega.
“Deben entender que nada volverá a ser igual”
Según Óscar René Vargas, la empresa privada, la Iglesia católica y las manifestaciones de autoconvocados —sectores a los que Vargas llama poderes fácticos— se olvidan que “la estrategia de Ortega-Murillo es aplicar tácticas cambiantes, no tienen aliados fijos”. “Su objetivo inmediato es debilitar a todos los sectores (periodistas y medios independientes, luchadores por los derechos humanos, líderes locales en todo el territorio nacional), para negociar después la rendición de los principales poderes fácticos”, opinó Vargas. También considera que el régimen dictatorial pretende cerrar la posibilidad de una victoria popular, “haciendo que los autoconvocados no puedan constituirse en una alternativa de gobierno”.
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“Ortega-Murillo hacen todos los esfuerzos para que los diversos sectores del capital crean que todavía se puede reconstruir la gobernabilidad previa al 18 de abril; es decir, un ‘despotismo democrático’”, expresó Vargas. “Todos los sectores sociales, todos los poderes fácticos tienen que tener claro que el futuro de la sociedad nicaragüense se resume en que: nada será como antes”, agregó.