Sin tener en cuenta el efecto de las sanciones económicas que Estados Unidos aplicará al régimen Ortega-Murillo tras haberse aprobado ayer en el Congreso de ese país la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como la Ley Nica, la bancada sandinista que domina por mayoría el poder legislativo aprobó ayer el Presupuesto General de la República 2019, prácticamente tal y como lo propuso el Ejecutivo.
La bancada oficialista ignoró los argumentos de los miembros de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que presentó un voto razonado en el que argumentaron que es necesario dar seguimiento y transparentar la adquisición de nueva deuda interna, que es el nuevo mecanismo al que ha optado el Gobierno Central para financiar el déficit presupuestario.
“El financiamiento interno aumentará en un 293 por ciento, según el proyecto de presupuesto para 2019, con respecto a lo modificado en 2018, como consecuencia del aumento en la emisión de bonos de la República”, argumentaron los diputados del PLC en su voto razonado.
Lea: Diputados desempolvan la propuesta de la Ley de Justicia Constitucional
Y agregaron que “en un contexto de incertidumbre sociopolítica económica, como el que se vive actualmente, es ser muy optimistas pensar que se podrán colocar (estos bonos), especialmente cuando la calificación país ha caído negativamente”.
Préstamos se congelarían
También que debió tenerse en cuenta que los nuevos préstamos y el desembolsos de otros ya aprobados destinados a cubrir el déficit presupuestario pueden reducirse como consecuencia de las sanciones que impondrá Estados Unidos.
Pese a las advertencias del PLC, el dictamen emitido por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional solo admite que el Gobierno está consciente que la totalidad de recursos del presupuesto son insuficientes, “dadas las consecuencias negativas de los sucesos propiciados desde abril pasado”.
Lea:Alcaldía de Camoapa no ejecutará tres proyectos en 2019 por recortes impuestos por el régimen
Sin embargo, afirman que “se garantizarán los recursos de forma austera y responsable, priorizando la asignación de los diferentes componentes del gasto social, asignaciones constitucionales y legales”. Aseguran que el nivel de la deuda pública se mantiene en niveles sostenibles y que las actividades económicas han iniciado un proceso de recuperación, tras el fracasado “golpe de Estado” de abril pasado.
Es así que el presupuesto aprobado para 2019 contempla egresos por 80,014 millones de córdobas. “Monto que representa una disminución nominal del 1.7 por ciento en relación con el presupuesto reformado y actualizado del 2018”.
Además, detallan que “del total de gasto proyectado 61,389 millones de córdobas pertenecen al gasto corriente y 18,625.4 millones corresponden a gasto de capital, los que están siendo proyectados para la recuperación del crecimiento económico”.
Lea:Aprueban dictamen favorable del presupuesto para 2019
El voto razonado presentado por el PLC explica que el financiamiento externo neto en el presupuesto 2019 se estima en 3,784 millones de córdobas y se planea financiarlo, entre otras fuentes, con los desembolsos de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyo presupuestario por 1,656.5 millones de córdobas (cincuenta millones de dólares).
“Sería oportuno que el Gobierno aclare si este préstamo está garantizado con el BID, y si hay otros que como este, tienen cláusulas de gobernabilidad, y si en el contexto actual estas podrían afectar las previsiones de desembolsos”, advirtió el PLC. Añadió que de no colocarse los bonos de la República el déficit fiscal quedará desfinanciado.
Déficit puede quedarse sin financiamiento
Según el voto razonado presentado por la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el déficit presupuestario requiere mucha atención, ya que el Gobierno pretende cubrirlo de la siguiente manera:
Donaciones: 2,018.5 millones de córdobas; desembolsos de préstamos: 8,205.7 millones de córdobas; colocación de bonos de la República, 11.364.2 millones de córdobas y uso de disponibilidades, 18.3 millones de córdobas.
Debido a las sanciones que se derivarán con la entrada en vigencia de la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como la Ley Nica, aprobada ayer en el Congreso de Estados Unidos, los nuevos préstamos y desembolsos de los vigentes, otorgados por organismos multilaterales quedarán suspendidos. Y la colocación de bonos está en duda por la pérdida de confianza y rebaja de la calificación de la deuda soberana.