Empresarios nicaragüenses solicitarán permiso para realizar una marcha nacional

Los equipos legales del Cosep, Amcham y Funides harán la solicitud correspondiente para la manifestación. Los detalles de la marcha se darán a conocer más adelante

crisis en Nicaragua, Nicaragua

LA PRENSA/Oscar Navarrete

Diversos sectores empresariales anunciaron este miércoles su intención de realizar una marcha en Managua con la autorización de la Policía Orteguista (PO), para manifestarse a favor de la reanudación del diálogo nacional, una solución negociada a la crisis que comenzó en abril y elecciones adelantadas.

Más de cuatrocientos empresarios se reunieron el miércoles para hablar de la crisis, en un encuentro planificado desde hace tres meses, en el que analizaron el impacto negativo en el desarrollo económico y se plantearon mecanismos para buscar una solución.

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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó la urgencia de volver a dialogar y a negociar, porque aseguró que esa es la única salida a la crisis que sangra y empobrece al país desde abril.

El régimen de Daniel Ortega ha cerrado todos los espacios de expresión pública a través del asedio policial, paramilitar y la violencia de sus simpatizantes.

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Aguerri reconoció que no tienen garantías ni seguridad de que la Policía les permita marchar: “Solo tenemos esperanza y la fe”.

La decisión de marchar es una iniciativa del Cosep, confió Aguerri, quien espera la respuesta de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham) y de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), de unirse a la solicitud con el fin de marchar en Managua. Hasta entonces fijarían la fecha de la movilización.

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La primera gran marcha dentro del contexto de crisis fue convocada por el sector privado y se realizó el lunes 23 de abril, con una multitudinaria participación de la ciudadanía. En ese momento había menos de cuarenta muertos por la represión policial.

Protestas “ilegales”

Desde el 27 de septiembre, el régimen de Ortega declaró ilegales “las concentraciones y movilizaciones públicas”, a través de un comunicado policial en el que advierten que “responderá ante la ley la organización o persona que convoque manifestaciones ilegales”.

Desde entonces, muchas de las personas que estuvieron al frente de las protestas contra el régimen de Ortega han sido detenidas por la PO y son acusadas por la Fiscalía del régimen de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y otros delitos.

Mientras que las organizaciones no gubernamentales que han criticado y denunciado la represión policial y paramilitar contra las protestas, se les ha cancelado la personería jurídica y viven en constante asedio policial.

El Cosep está elaborando la solicitud de permiso de marchar con sus equipos legales.

Solidaridad con ONG

Aguerri expresó su solidaridad con los directivos de las organizaciones Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Hagamos Democracia, debido a que el miércoles la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, les canceló la personería jurídica por su posición crítica frente al régimen de Ortega.

“Ya no solo se están cerrando los espacios de movilización, sino también se están cerrando los espacios de organización y se maneja que vienen más”, manifestó el presidente del Cosep.

Aguerri dijo que el Cosep ha existido desde 1972, tiene organizaciones que fueron fundadas desde 1898 y ha sobrevivido desde entonces “indistintamente de los gobiernos de turno”. Así respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que sean detenidos y procesados por convocar una marcha.

Por otra parte, expresó que el paro laboral en el sector privado sigue siendo una opción de presión al régimen, pero primero quieren agotar las acciones que no dañen más la economía.

Carta enviada Ortega

Este miércoles se conoció que el sector empresarial dirigió una carta al Ejecutivo en la que se suman a la demanda de libertad de los 674 presos políticos.

La misiva es firmada por los consejeros del Cosep, así como las máximas autoridades de ese gremio empresarial, Amcham y Funides.

La represión orteguista contra las protestas civiles ha sido condenada a nivel internacional y ha provocado sanciones de Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Ortega, entre ellos su esposa y vicedictadora, Rosario Murillo.

También provocó la aprobación de la Ley Nica, que supone más sanciones económicas para el régimen orteguista.

Crisis desde abril

El país vive una crisis desde el 18 de abril, por la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder, lo que ha dejado entre 325 y 535 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.

También hay más de seiscientos presos políticos por participar en las protestas, pero el régimen orteguista solo reconoce 273 y los acusa de terrorismo, crimen organizado y otros delitos.

Ortega atribuye la crisis a un intento de golpe de Estado en contra de su dictadura.

El sector privado ha hecho públicas cuatro manifestaciones desde abril, que han mantenido la posición de que la salida a la crisis pasa por retomar las reformas electorales, acordadas con la Organización de Estados Americanos (OEA). Y seguir los pasos para elecciones libres, justas, anticipadas y con observación electoral nacional e internacional.