Estados Unidos extiende las sanciones de Roberto Rivas a su esposa y les prohíbe la entrada a ese país

El Departamento de Estado explicó que el secretario Mike Pompeo ha incluido a Roberto Rivas en una "lista negra" por corrupción y extendió las sanciones a su esposa

El ahora exmagistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas. LA PRENSA/M.ESQUIVEL

El Departamento de Estado de los Estados Unidos prohibió este miércoles la entrada a ese país al expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y su esposa tras haberlos incluido en una lista negra de corrupción. Rivas es señalado de «corrupción significativa».

En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que el secretario Mike Pompeo ha incluido a Rivas en una «lista negra» por corrupción y, como consecuencia, ha decidido prohibir a él y a su esposa, Ileana Patricia Lacayo Delgado de Rivas, la entrada a territorio estadounidense.

En diciembre de 2017, el Gobierno de EE.UU. sancionó a Rivas por «participar en una corrupción significativa y perpetuar el fraude electoral que socavó las instituciones electorales de Nicaragua», recordó la nota de la diplomacia estadounidense.

Rivas renunció a su cargo el pasado 31 de mayo en medio de críticas por su participación en supuestos actos de corrupción. Rivas alegó problemas de salud, a través de una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, donde aseguraba que no podía «permanecer al frente de las responsabilidades que el cargo amerita y tener que ausentarme con frecuencia”

La oposición acusa a Rivas de beneficiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada proceso electoral desde 2008 y, además, diversas investigaciones periodísticas le señalaron por tener una vida supuestamente opulenta que no correspondía con su salario como presidente del Consejo Supremo Electoral.

La dimisión de Rivas se produjo en medio de la crisis abierta desde las protestas que estallaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder.

La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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