El martes de esta semana quedó aprobada por el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) la Ley Nica Act, que sanciona drásticamente al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Ahora solo falta la firma presidencial para que entre en vigor.
Paradójicamente, el mismo Ortega ha sido el gran promotor de la Nica Act, porque el propósito de las sanciones estadounidenses es facilitar una solución nicaragüense a la crisis, persuadir a Ortega que rectifique el rumbo y regrese al camino de la democracia, del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, pero ha hecho todo lo contrario.
El proyecto de la Nica Act se discutió en el poder legislativo de los EE.UU. durante alrededor de dos años y medio, fue sometido a intensas presiones de cabildeo e incluso estuvo a punto de no ser aprobado. Pero la sanguinaria represión desatada por la dictadura contra las protestas pacíficas y la insurrección cívica del pueblo nicaragüense, relanzó el proyecto de la Nica Act con mayor fuerza bipartidista.
Aún entonces, diversos representantes de los EE.UU. advirtieron a Ortega que la Nica Act y las demás sanciones se podían evitar, siempre y cuando pusiera fin a la represión y las violaciones a los derechos humanos, y regresara a la mesa del Diálogo Nacional para acordar allí una solución democrática de la crisis.
Pero Ortega mantuvo su obstinación dictatorial. Fue por eso que la exembajadora de los EE.UU. en Nicaragua, señora Laura Dogu, expresó el 29 de octubre en su discurso de despedida que la Nica Act sería aprobada “debido a la falta de democracia, la corrupción y la cercana relación del régimen con Rusia y Venezuela. El Congreso de los Estados Unidos —agregó la diplomática estadounidense— está al tanto de los asesinatos de manifestantes, las graves violaciones a los derechos humanos y el hecho de que el presidente no haya participado de manera creíble en el Diálogo Nacional”.
Dos días después el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, señor John Bolton, declaró que “en Nicaragua, Estados Unidos continúa condenando la violencia y la represión del régimen de Ortega contra sus ciudadanos y miembros de la oposición”. Aún así, en la Orden Ejecutiva el 27 del mismo mes que sanciona fuertemente a Rosario Murillo y al asesor orteguista de seguridad, Néstor Moncada Lau, se notificó que era “el momento para que los miembros del partido gobernante cambien de actitud y para que el sector privado haga oír sus voces en apoyo de las reformas democráticas y el fin de la violencia”.
Sin embargo, Ortega ha respondido con más represión y estrechando lazos con regímenes enemigos de los EE.UU., por lo cual decimos que él ha sido el principal promotor de la Nica Act. A pesar de todo Ortega aún podría evitar su aplicación. Bastaría con que ponga fin a la represión, que deje en libertad a los presos políticos y vuelva a la mesa del diálogo para negociar una salida democrática de la crisis.