Régimen orteguista cancela en una sola sesión la personería jurídica a cinco organismos civiles

Régimen orteguista cancela en una sola sesión la personería jurídica a cinco organismos civiles

En una sola sesión diputados FSLN quitan personerías a Ipade, Instituto de Liderazgo, Popol Na, Cinco y Fundación del Río

13/12/2018
Asamblea Nacional

Los diputados sandinistas, que controlan la directiva parlamentaria, impusieron en el orden del día la cancelación de estos organismos críticos de las políticas del régimen. LA PRENSA/Jader Flores

En menos de 15 días la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo concretó una campaña de demolición jurídica contra nueve organizaciones de la sociedad civil que han denunciado todos los atropellos a la institucionalidad y las violaciones de los derechos humanos a los nicaragüenses durante los once años del régimen orteguista.

En la sesión de ayer los setenta diputados orteguistas en la Asamblea Nacional cumplieron la orden de la dictadura y cancelaron la personería jurídica del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Ipade, Popol Na, Fundación del Río e Instituto de Liderazgo en Las Segovias. Se les aplicó la ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándolas, sin presentar pruebas, de “promover campañas” y haber financiado a grupos que cometieron “actos para desestabilizar el país”.

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Esas cinco organizaciones se suman al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia y Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que les fue cancelado su estatus legal previamente.

Las nueve ONG han tenido un papel fundamental de documentación y denuncia mundial de los crímenes contra las protestas ciudadanas iniciadas en abril, por parte de la Policía y paramilitares orteguistas que dejan un saldo entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros.

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Organismo como el Cenidh y Popol Na brindan acompañamiento a las familias de las víctimas de la represión en su reclamo por justicia, y son parte de la asistencia legal a los 674 presos políticos, por lo que al afectarlas legalmente se deja en indefensión a esas familias.

Los ONG sancionados tienen en común que entre sus directivos hay disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación de Nacional (FSLN), hoy opuestos a Ortega y Murillo.

Entre ellos están la exguerrillera Mónica Baltonado, quien es presidente de la Fundación Popol Na, y Jaime Wheelock, uno de los nueve comandantes de la Revolución sandinista y quien preside la junta directiva del Ipade.
Las nueve organizaciones tienen entre 15 y 28 años de trabajar en la promoción de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.

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Baltodano señaló a Gobernación de “obedecer las órdenes de Rosario Murillo” para no cumplir la ley en entregarles la certificación de haber notificado de la directiva del Popol Na electa en 2017, y de que cumplieron en presentarles los documentos contables en regla, “todo con el fin de ponernos en indefensión”.

“La existencia de las ONG, de movimientos sociales, muestra la fortaleza de la democracia, porque no seguimos líneas del Gobierno. Es parte de la democracia que hayan organizaciones que sean independientes”, afirmó Baltodano.

Intentar silenciar jurídicamente a las organizaciones críticas, para Baltodano, evidencia que en Nicaragua “estamos en un estado de facto policíaco, con las garantías ciudadanas suspendidas”.

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Por su parte, la presidenta directora de Cinco, Sofía Montenegro, a través de Twitter rechazó “la persecución de la dictadura Ortega-Murillo contra el pueblo y las organizaciones de la sociedad civil”, y advirtió que a pesar de que perdieron la personería “no nos van a callar”. “Lo único que le va a quedar a doña Rosario es mandarnos a matar para podernos callar”, dijo Montenegro en declaraciones a un medio local.

En cada decreto de cancelación de las personerías de Cinco, Fundación del Río, Ipade, Instituto del Liderazgo de Las Segovias y Popol Na, la Asamblea ordena a Gobernación que en un plazo “no mayor de 72 horas proceder a la cancelación de la inscripción respectiva” como ONG, para que se les entregue los libros financieros y el sello.

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Deberán igualmente proceder a la liquidación de los bienes cuyo destino será lo establecido en sus estatutos, de lo contrario serán confiscados por el Estado.

No prueban nada

El Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea quitarles el estatus legal a las nueve ONG por los supuestos delitos de formar parte de un grupo de organizaciones que apoyaron “el fallido intento de golpe de Estado”, a como la dictadura denomina las protestas.

Sin embargo, Gobernación y los diputados orteguistas no expusieron las pruebas de la supuesta investigación de la Fiscalía y la PO en las que criminalizan el trabajo de las nueve ONG de financiar actos para desestabilizar el país, “alterar el orden público” y “afectar la seguridad ciudadana”.

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El régimen señala a las ONG de “facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”, lo cual ha sido rechazado por esos organismos, que pusieron a disposición sus libros contables.

Uno de los orteguistas que dio un discurso más virulento fue el diputado y sindicalista José Antonio Zepeda, quien dijo que “defendemos la paz eliminando instrumentos como el Ipade que financiaron tranques de la muerte. No actuamos como venganza”.

En el caso de la Fundación del Río, fue quien alertó sobre las dimensiones reales del incendio en la Reserva Indio Maíz en abril pasado, el cual calcinó unas 5,945 hectáreas de bosque virgen, hecho que antecedió la crisis sociopolítica.

Sin embargo, ayer entre las acusaciones de los orteguistas vincularon, sin pruebas, a los miembros de la Fundación del Río de haber pagado dinero a los líderes campesinos para mantener los tranques y hasta les responsabilizaron del asesinato de varios policías en el municipio de Morrito.

Fueron 17 diputados quienes votaron en contra de la represión contra las ONG, entre ellos los del PLC, Yatama, Partido Conservador y Mauricio Urúe de ALN.

PO asedia al Cenidh

La represión a las ONG continúa por parte de la Policía Orteguista, pues anoche la presidente del Cenidh, Vilma Núñez, informó que durante todo el día los policías cercaron las instalaciones del organismo e intentaron impedir que el personal ingresara a la sede. La PO no permitió que los periodistas entraran a las oficinas del Cenidh “porque les dicen que ya está cerrado”, según Núñez. El organismo pidió al Meseni “auxiliarnos”, ya que se temía que anoche la PO entrara ilegalmente al Cenidh a forzar el cierre físico de las instalaciones.

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