Condenan la cancelación de la personería jurídica a organismos no gubernamentales en Nicaragua

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos aseguró que la Asamblea Nacional es un órgano "dedicado a la represión de las organizaciones de la sociedad civil"

derechos humanos

Vilma Núñez, presidenta del Cenidh. LA PRENSA/E. ROMERO

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos condenó este jueves las anulación de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua por parte de los diputados leales al régimen de Daniel Ortega y aseguró que la Asamblea Nacional es un órgano «dedicado a la represión de las organizaciones de la sociedad civil».

El Observatorio, un programa de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también mostró su preocupación porque la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha permanecido rodeada, obstaculizando la entrada y salida a los trabajadores.

«El Observatorio llama a las autoridades a que respeten y garanticen la integridad física de todo el equipo de Cenidh», aseguró el organismo en un comunicado, quien además recordó que el Cenidh forma parte tanto del FIDH como de la OMCT.

El comunicado citó al presidente de la FIDH, Dimitris Christopoulos, quien aseguró que «esta decisión constituye una arbitraria restricción del derecho a la libertad de asociación en contravención de las obligaciones internacionales de Nicaragua. Es un claro acto de represalia por su activa denuncia de las violaciones a los derechos humanos desde su creación en 1990».

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Por su lado, el Secretario General de la OMCT, Gerald Staberock, señaló que “este atropello es un ejemplo del patrón de represión que busca aniquilar a la sociedad civil independiente en Nicaragua».

Hasta este jueves, los diputados orteguistas han cancelado la personería jurídica a nueve organismos no gubernamentales, con la excusa de que financiaron acciones para cometer el supuesto golpe de Estado con el que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han justificado las protestas en su contra.

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