Magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ de Nicaragua, condenó de antemano a los autoconvocados apresados

“Cometieron incendios, asesinatos con armas industriales y hechizas, utilizaron explosivos en contra de personas, bienes públicos y medios de transporte; vimos como quemaron y secuestraron personas”, aseguró la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas

Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA.

Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA.

La magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua condenó sin previo juicio, a las personas acusadas por protestar contra el régimen de Daniel Ortega, violándoles la garantía constitucional de inocencia. Ramos afirmó que estas personas cometieron asesinatos, incendios y otros delitos, durante los primeros cuatro meses de protesta social y afirmó que “no son presos políticos”.

“Cometieron incendios, asesinatos con armas industriales y hechizas, utilizaron explosivos en contra de personas, bienes públicos y medios de transporte; vimos como quemaron y secuestraron personas”, aseguró la doctora Alba Luz Ramos Vanegas a la agencia internacional de noticias multimedia Sputnik, según nota de prensa del poder judicial.

Para el abogado penalista Nelson Cortez estas declaraciones de Alba Luz Ramos “son graves, porque ella es la máxima representante del poder judicial y está juzgando a priori. Si ella dicen que son culpables, que podemos esperar de los jueces. Toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario en los tribunales competentes, es decir hasta no haber agotado la última instancia y ella los está condenando”, dijo el abogado penalista Nelson Cortez.

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261 reos políticos a noviembre de 2018

La magistrada Alba Luz Ramos también reveló que 546 personas fueron acusadas en 145 expedientes, por participar en las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega, entre abril y noviembre de 2018, aunque de estas solo 261 se encuentran detenidas. Estos datos no incluyen las personas que están presas en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, conocido como el Chipote y que aún no han sido acusados ante los tribunales de justicia.

«Toda esta gente delinquió en banda, en grupo, nadie actuó individualmente, solo hay un caso en que se está acusando de acuerdo con la nueva Ley 977, porque los hechos ocurrieron en agosto, después de haber sido aprobada la ley», apuntó refiriéndose a la nueva Ley de terrorismo.

Ramos también expresó que en Nicaragua no existe ningún «preso político», pues “todos los aprehendidos son presentados a la justicia por haber cometido algún delito durante los tranques en los meses de abril a julio”, se lee en la nota de prensa.

Según Cortes, estas declaraciones son “peligrosas” porque la magistrada presidenta del poder judicial tipificó hechos y los declaró responsables como si tal ya intermedió con la prueba. “Para que un judicial emita opinión tiene que haber visto la prueba, o es que ya conoce la prueba ¿y cómo es posible si estos casos aún no han llegado a casación”, dijo el abogado.

Ramos también puso nuevamente en evidencia que dirige un poder judicial sometido al régimen de Ortega . “Ella está confirmando que el poder judicial está partirizado, controlado por el ortegusimo porque repite el mismo discurso”, recalcó el penalista.

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No hay nadie en libertad

La magistrada dijo que hay aproximadamente entre 14 y 16 personas de las que están siendo procesadas han sido puestas en libertad, aunque en realidad los únicos puestos en libertad han sido menores de edad, el resto que tienen fallos de no culpabilidad o de suspensión de pena, siguen presos ilegalmente.

Ejemplo de estos casos: son Guillermo Sovalbarro Oporta, Albert Einstein Monroe, ambos tienen orden de libertad  emitida por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, desde octubre porque no robaron la casa del comisionado Juan Valle Valle, el maratonista Alex Vanegas, quien también tiene orden de libertad y el jinotepino, Raúl Rojas Bello, quien tiene una orden de suspensión de pena emitida por un juzgado de ejecución de Carazo.

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