El portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Robert Palladino, afirmó este jueves que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo “continúan degradando las instituciones de su país en un intento desesperado por mantenerse en el poder”, después de que la Asamblea Nacional, afín al orteguismo, cancelara la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.
Palladino además catalogó de “arbitrarias y antidemocráticas” estas acciones tomadas por el parlamento nicaragüense contra organismos no gubernamentales. Estas medidas, según el portavoz adjunto, “desacreditan aún más el régimen de Ortega ante los nicaragüenses y el mundo”.
The Nicaraguan regime’s recent actions to strip legal status from NGOs reveal Pres. Ortega’s & VP Murillo’s continued contempt for #humanrights in their own country. U.S. stands w/the people of #Nicaragua in their quest to restore democracy through early, free & fair elections. pic.twitter.com/sI72jqD5ia
— Jalina Porter (@StateDeputySpox) December 14, 2018
“Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para condenar estas acciones y tomar medidas concretas para imponer costos adicionales por el comportamiento antidemocrático del régimen”, señaló Palladino.
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Los organismos cuya personalidad jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional son el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
CIDH condena cancelación de personería jurídica
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó estas acciones y mostró preocupación de que la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones, “sin garantías del debido proceso”, lo que busque es coartar la capacidad de las organizaciones y defensores de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Nicaragua.
En su comunicado, la CIDH afirmó que había conocido por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que las iniciativas presentadas y aprobadas en la Asamblea Nacional responsabilizan a las organizaciones de realizar acciones tendientes a desestabilizar al país o, en el caso del IEEPP, por la comisión de delitos al gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas.
La CIDH reiteró que el derecho de asociación se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidades u organizaciones con el objeto de actuar colectivamente en la consecución de los más diversos fines, siempre y cuando estos sean legítimos.