Excanciller Francisco Aguirre Sacasa: “El Carmen ha hecho de Nicaragua un país fallido”

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa sostiene que la Ley Nica aprobada por el Congreso de los Estados Unidos es devastadora para el gobierno del dictador, Daniel Ortega. Según el exdiplomático, el caudillo continuará su política “de ir con todo” en su escala represiva contra quienes considera sus enemigos.

Francisco Aguirre Sacasa, uno de los cancilleres de Nicaragua que hizo la petición a la OEA. LA PRENSA/ ARCHIVO

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El excanciller Francisco Aguirre Sacasa sostiene que la Ley Nica aprobada por el Congreso de los Estados Unidos es devastadora para el gobierno del dictador, Daniel Ortega. Según el exdiplomático, el caudillo continuará su política “de ir con todo” en su escala represiva contra quienes considera sus enemigos.

Con la aprobación por el Congreso de la Nica Act, ¿cuál es la situación que Daniel Ortega enfrenta?

Políticamente es catastrófica. Por su cruenta represión a la rebelión cívica que inició hace casi ocho meses, el comandante Ortega y su vicepresidente se encuentran aislados internacionalmente, con relaciones pésimas con la única superpotencia del mundo, que es además el socio comercial más importante de Nicaragua: los Estados Unidos, y con un pueblo cuya vasta mayoría cree que él debe dejar el poder. Socioeconómicamente, Nicaragua está viviendo una “implosión” estilo la que enfrentó a comienzos de la década perdida de los años ochenta del siglo pasado. Su economía está experimentando una fuerte contracción, su presupuesto está desfinanciado, la inversión privada —tanto nacional como internacional— se ha desplomado, el sector financiero está severamente golpeado y nuestras reservas internacionales se están reduciendo. Y miles de nuestros compatriotas han votado con sus pies en contra de Daniel al emigrar a países vecinos. No hemos caído en las condiciones desastrosas de Venezuela, ¡pero vamos rumbo hacia ellas! En otras palabras, el mal manejo político de El Carmen ha hecho de Nicaragua un país fallido.

¿Cuál debería ser la respuesta del gobierno ante esta situación?

La respuesta a esta pregunta es fácil. Debería sentarse Daniel a negociar con las fuerzas vivas del país una salida rápida a la megacrisis que estamos atravesando. Para facilitar este proceso de negociación y crear confianza en él, convendría incorporar al proceso actores internacionales como la OEA, la ONU o el SICA. Pero lo esencial es que todos los actores se ubiquen. Que entiendan cual es la correlación de fuerzas que verdaderamente existe en torno a la situación nicaragüense y comprometerse a negociar con pragmatismo, sin pasión y —sobre todo— con buena fe.

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La Policía Orteguista es el brazo represor de Daniel Ortega, para violar los derechos humanos de los ciudadanos. LA PRENSA/Oscar Navarrete

¿Usted cree que el presidente Ortega está listo para una salida negociada?

Para serte franco, ¡no! Más bien lo veo continuando con su política de “ir con todo” contra los que él considera sus enemigos. Desde su retórica dura, hasta su hostigamiento de los medios independientes y su campaña para cerrar las ONG que él percibe que lo adversan, él parece tener un solo norte: demoler a la oposición nicaragüense, que para él incluye a la Iglesia católica y el sector privado, a los que ahora tilda de oligarcas. Y no le importa acabar con Nicaragua económicamente y a su tejido social con tal de sobrevivir él, su familia y su gobierno a esta crisis.

¿Cuáles son las implicaciones de la Nica Act para los funcionarios del gobierno Ortega-Murillo que han participado y/o facilitado la represión, la violación de derechos humanos y la corrupción en Nicaragua?

Lo que llamo la Magnitsky Nica, o la Ley Magnica, claramente prevé sancionar a todos los que han ayudado a crear o profundizar la tragedia nicaragüense. Esto incluye a personas que han sido protagonistas dentro del Estado —incluyendo los cuatro poderes— y, además, a los responsables fuera del Estado. Y los castigos que prevé incluyen la pérdida de visas a los Estados Unidos, al igual que medidas financieras como el congelamiento y eventualmente la confiscación de sus activos fuera de Nicaragua. Por cierto, el alcance de la Magnica no se limita a acciones en Estados Unidos, incluyendo acciones judiciales en contra de los sancionados, sino que alrededor del mundo. Por ejemplo, no descarto que Estados Unidos pida a sus aliados en Europa y en el subcontinente latinoamericano que se unan al esfuerzo por golpear a los sancionados. Y estoy seguro de que la mayoría de estos aliados cooperarán.

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¿A qué estarán apostando Daniel Ortega y Rosario Murillo de cara a lo que usted llama la Magnica?

A que ellos lograrán “aguantar la pechada” que representa la ley, dominando por la fuerza la situación interna y confiando en que imponderables bajarán la presión internacional en contra de su gobierno. Sospecho que Daniel, quizás, se confió en que la Magnica no sería aprobada por el tiempo que pasó en la tubería del Capitolio. Me imagino que también siente que cuenta con el respaldo de Cuba y Venezuela, y a lo mejor, de Rusia e Irán. O quizás en su análisis concluyó que Nicaragua era demasiado pequeña para atraer la atención de Washington. Sea lo que sea, calculó mal.

Desde julio de este año la Magnica contaba con el respaldo de tanto los demócratas como los republicanos en ambas cámaras del Congreso norteamericano. Era uno de los pocos temas en que existía un consenso genuino en Washington. Por eso la Magnica estaba “bala en boca” y tanto los senadores como los representantes jalaron el gatillo el 11 de diciembre. Y el presidente Trump lo hará también en los próximos días firmando el proyecto de ley y así promulgándolo. A eso ¡pónganle el sello!

¿Todavía hay tiempo para una salida negociada de la crisis?

Por supuesto que sí. Tanto la Iglesia católica como el sector privado no solo están abiertos a una salida que le ponga fin a la pesadilla que Nicaragua está pasando. Lo están pidiendo. Y la Ley Magnica también explícitamente hace un llamado al diálogo que desembocaría en la restitución de la democracia en Nicaragua con justicia. Pero con cada día que pasa, con cada acción de represión y hostigamiento del gobierno, se van cerrando los espacios para una salida negociada. Con cada día se va hundiendo más nuestro país y se está haciendo más difícil su recuperación. Para rescatar a Nicaragua del precipicio, Daniel Ortega tendría que aceptar volver a la mesa de negociaciones inmediatamente y dar muestras tangibles de que no está jugando para ganar tiempo. Tendría, por ejemplo, que liberar a todos los presos de conciencia y desistir de la última ronda de opresión, esta vez contra las ONG. Estamos en los últimos días antes de la Navidad. Y el mejor regalo que podría el comandante Ortega darle a los nicaragüenses sería señalar que acepta negociar y tomar los primeros pasos para darle credibilidad a la apertura de las negociaciones. La pelota está en la cancha de El Carmen. ¡Play ball Daniel!

Situación de empresarios

¿Y cómo ve usted la situación del sector privado que cooperó con el gobierno Ortega-Murillo antes de abril?

Mirá, creo que dependerá de cada caso. Por ejemplo, es cierto que el Cosep era un socio privilegiado del régimen hasta que estalló la crisis del INSS. Pero también es verdad que gran parte del sector privado, y el Cosep, no solo se han distanciado de El Carmen sino que han condenado la represión, han apoyado acciones como los paros nacionales y han abogado por negociaciones y elecciones adelantadas. Es más, los presidentes del Cosep y Amcham hasta se incorporaron en la Alianza Cívica. Miembros del gran capital también se han sumado explícitamente al movimiento en pro de una Nicaragua democrática.

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