Pese a que hasta ahora el sector exportador es el menos perjudicado por la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace 241 días, en 2019 podría convertirse en uno de los más afectados por la aplicación de las sanciones económicas que impondrá Estados Unidos cuando entre en vigencia la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Ley Nica. También porque la Unión Europea (UE) podría aplicar al Acuerdo de Asociación (AdA) una cláusula referida al respeto a los derechos humanos.
“No descartamos que los dos acuerdos puedan ser afectados y eso al final lo único que va a significar es que perdamos lo que se construyó y que miles de familias adicionales a las que están siendo afectadas hoy se sumen a la afectación”, señaló el presiente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
Aunque el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta por sus siglas en inglés) no contiene ninguna cláusula referida al respeto a los derechos humanos, no se descarta que la represión perpetrada por el régimen Ortega-Murillo en contra la población que exige su salida a través de elecciones adelantadas provoque afectaciones al acuerdo comercial.
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Amenaza latente contra el DR-Cafta
“En el caso de los Estados Unidos la cláusula (respeto a los derechos humanos) no existe en el Tratado de Libre Comercio, sin embargo hoy más allá de la cláusula hemos sido considerados amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y en ese contexto no hay ninguna acción que quede por fuera”, explicó Aguerri.
De acuerdo con representantes del sector privado, la suspensión o cualquier otra restricción que se aplique al DR-Cafta “es una de las amenazas” latentes que enfrentará el sector exportador en 2019 si el régimen Ortega-Murillo no responde a los llamados de retomar el diálogo para encontrar una solución política a la crisis, que incluiría el cese a la represión, liberación de los presos políticos y elecciones adelantadas, entre otras cosas.
Esta semana fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos la llamada Ley Nica, que castigará a funcionarios del régimen Ortega-Murillo que han cometido actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se espera que en los próximos días la firme el presidente Donald Trump para que entre en vigencia.
Pero Aguerri considera que tomará unos meses aplicar las sanciones que se derivarán de ella. “Lo que hemos manejado con autoridades en Estados Unidos es que para que estas sanciones entren en vigencia o veamos algo relacionado a esta ley tomará entre tres y cuatro meses, pero de hecho ya está pasando”, sostuvo Aguerri.
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También podría afectar el AdA
En el caso del Acuerdo de Asociación (AdA) vigente entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), este sí incluye una cláusula que establece que si se violan los derechos humanos en algunos de los países suscriptores por lo que ellos pueden excluir al país que quebrante dicha restricción.
Entre enero y noviembre se enviaron al mercado internacional 2.19 millones de toneladas de productos, volumen superior en 5.8 por ciento a los 2.07 millones de toneladas exportadas en el mismo lapso del año 2017.
No obstante, los ingresos percibidos en el periodo de referencia reportan una merma del uno por ciento, que no ha sido provocada por la crisis, sino por la caída del precio que enfrentan en el mercado internacional los productos agropecuarios que sustentan las exportaciones locales.
La preocupación de los empresarios radica en que Estados Unidos es el principal socio comercial del país. En los últimos años cerca de la mitad de los más de dos mil millones de dólares que generan las exportaciones de productos locales se obtienen por colocaciones en el mercado estadounidense, dice el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacoby, y añade que en el caso de la Unión Europea los envíos a ese mercado generan unos trescientos millones de dólares.
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No implica embargo
El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacoby aclaró que la entrada en vigencia de la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Ley Nica, no implica un embargo de Estados Unidos a los productos locales.
No obstante, “existe el riesgo que en el futuro como parte de las sanciones digan vamos a revisar el DR-Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana), existe ese riesgo pero en ese momento ni se está hablando de eso y seguimos exportando”, explica Jacoby.
En el caso del Acuerdo de Asociación (AdA) vigente con la Unión Europea el problema según Jacoby es que se está mandando un “mensaje negativo” y si por la violación a los derechos humanos se suspende la facilitación del comercio que otorga el Acuerdo de Asociación (AdA) no significa que no se puede seguir exportando, pero se tendrían que pagar los aranceles y cumplir todos los requisitos que establezca el mercado.