El sector empresarial independiente ha reiterado su posición a favor de una solución democrática a la grave crisis que sufre Nicaragua.
Por medio de una carta dirigida a Daniel Ortega, firmada por casi todos los más grandes empresarios y los presidentes de las cámaras; así como en una asamblea de más de 400 líderes empresariales y luego en conferencia de prensa del presidente del Cosep, José Adán Aguerri, el sector privado ha advertido sobre la inminente catástrofe económica en caso de que la crisis no sea resuelta democráticamente, y pidió a Ortega que vuelva al diálogo a fin de concertar un acuerdo político para la salvación del país; un acuerdo que necesariamente debe pasar por la celebración de elecciones anticipadas, libres y limpias, con una amplia y confiable observación nacional e internacional.
El Cosep también anunció su voluntad de recuperar el derecho ciudadano de manifestación pacífica, a fin de lo cual solicitará el permiso legal correspondiente para convocar a una gran marcha nacional.
De esta manera el sector empresarial independiente ha refutado las maliciosas acusaciones que se han difundido en las redes sociales —en particular contra algunos de los grandes empresarios que esta semana firmaron la carta a Daniel Ortega—, de que calladamente se estaban arreglando con la dictadura.
Inclusive, en las redes sociales se ha hecho una campaña para boicotear los negocios de grandes empresarios nicaragüenses, la cual podría ser instigada por el régimen orteguista pero también por personas opositoras de ideología socialista radical, que son más enemigos del empresariado y la economía de mercado, que de la misma dictadura orteguista.
Sin duda que la alianza táctica que el sector empresarial mantuvo con la dictadura hasta el 18 de abril, cuando se rompió por la masacre orteguista contra el pueblo, debe ser criticada y los empresarios deben estar abiertos a la crítica. El mismo sector empresarial debería autocriticarse por esa alianza tóxica con el régimen, que si bien fue una estrategia para evitar agresiones y daños como los que sufrió la empresa privada durante la revolución sandinista de los años ochenta —y además facilitó el crecimiento de la economía—, se hizo a expensas de la institucionalidad democrática por la que el Cosep solo abogaba formalmente.
Pero eso ya es historia. El hecho es que el empresariado rompió la alianza con Ortega y ahora también es víctima de la dictadura, está al lado del pueblo y demanda con firmeza el restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la salvación de la economía de libre mercado que es indispensable para el desarrollo y la prosperidad nacional.
Además, la moderación propia de los empresarios es una garantía de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no será sustituida por otra igual o peor, como ocurrió en 1979 cuando cayó la tiranía somocista.