Policía Orteguista allana con violencia instalaciones de organismos civiles

Las irrupciones violentas las ejecutó la PO sin tener una orden judicial, y ocurrieron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes

Así quedaron las oficinas de Confidencial. LA PRENSA/Cortesía

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo consumaron su oscura venganza de desaparecer a las organizaciones y medios de comunicación que denuncian los atropellos contra el pueblo, pues no habían pasado siete horas desde que los diputados orteguistas cancelaron la personería jurídica a cinco Organismos No Gubernamentales (ONG), cuando la Policía Orteguista (PO) invadió las oficinas de esos organismos. Saquearon también las instalaciones de los medios de comunicación independientes Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, sin que tengan vinculación legal con las ONG.

Las irrupciones violentas las ejecutó la PO sin tener una orden judicial, y ocurrieron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en las instalaciones del Popol Na, Ipade, Instituto de Liderazgo Las Segovias, Fundación del Río, Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

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Y en la mañana antimotines se tomaron además las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

En total, siete ONG y un medio de comunicación se tomaron la PO, rompiendo puertas y forzando las cerraduras de las oficinas.

Además de destruir equipos y mobiliario, los policías al servicio de la dictadura golpearon y robaron los salarios y celulares de los vigilantes y conductores que estaban en las sedes de los ONG en el momentos del asalto orteguista.

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Los representantes de esos organismos afectados denunciaron que se trató de un allanamiento ilegal, ya que la PO no tenía orden judicial. Lo calificaron parte de la represión del régimen por cuanto todo sucedió a pesar de que las ONG aún están en el plazo legal para cerrar, conforme los decretos de cancelación de sus personerías jurídicas.

Al Cenidh y al Ieepp se les otorgó 15 días para entregar sellos, documentos y cerrar operaciones.

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En el caso del Ipade, Instituto de Liderazgo, Popol Na, Fundación del Río y Cinco, se les dio 72 horas para cumplir ese proceso. Pero esos tiempos empezaban a correr una vez se publicaran en La Gaceta, Diario Oficial, los decretos de cancelación de personerías de las ONG, lo cual no se ha concretado.

Vilma Núñez se atrinchera en el Cenidh

Tras el allanamiento arbitrario en el Cenidh, su presidenta Vilma Núñez de Escorcia dijo que va a permanecer en el edificio “el tiempo que sea necesario” y denunció que se siente “presa”, pues la PO le advirtió que si sale del perímetro de seguridad no le permitirán que vuelva a ingresar.

Núñez el viernes en la mañana salió hasta el cordón de seguridad para brindar una entrevista a los periodistas, pero los policías formaron una muralla humana para impedir que la defensora de derechos humanos hablara ante las cámaras.

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Eso no detuvo a Núñez y a gritos denunció la invasión, robo y destrucción de la sede.

“Entraron por las tejas, por el techo, la Policía asaltó nuestras instalaciones”, alcanzó a decir Núñez antes que un oficial la interrumpiera.

Ante las múltiples preguntas de los periodistas Núñez gritó detrás del retén policial: “Esta es una violación a la libertad de expresión, nos dicen que no podemos hablar con ustedes. Estamos presos acá, nos declaramos presos porque estamos prácticamente retenidos, impedidos de nuestra libertad de circulación, pero no nos vamos a dejar provocar, no vamos a facilitar que nos capturen, que nos echen presos por salir de aquí… El comportamiento que tuvieron no fue un comportamiento policial, fue un comportamiento delincuencial”.

Agredieron a familiares de presos políticos

El Popol Na, a través de un comunicado, aseguró que la noche del jueves los portones de su sede en Managua fueron destruidos y las madres de los presos políticos que se alojaban ahí fueron golpeadas.

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Mónica Baltodano, presidenta de Popol Na, dijo que la PO está “operando como una banda del crimen organizado”.
“Aquí vino Auxilio Judicial sin orden de ningún juez para allanar nuestros locales, no hay ningún proceso abierto, ya nos habían quitado la personería jurídica a través de un decreto espurio de la Asamblea Nacional. Nosotros ya habíamos dicho que vamos a acogernos a los procedimientos de ley y vamos a protestar a través de un recurso de inconstitucionalidad”, reclamó.

Del edificio de Popol Na la policía bajo servidumbre del dictador se robó cuatro vehículos, dinero de la caja chica, cheques firmados, archivos contables y todas las unidades centrales de proceso (CPU, por sus siglas en inglés) de las computadoras. Además irrumpieron en las oficinas de Onda Local y Fundación Damián, que alquilan oficinas en el edificio de la ONG.

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Baltodano denunció que con esos asaltos a diferentes organizaciones la dictadura Ortega-Murillo “intenta sembrar el temor entre la población”, pero instó a la ciudadanía a continuar denunciando los abusos de autoridad y violación a sus derechos.

Hagamos Democracia y Cisas son parte de las nueve ONG a las que la dictadura despojó su estatus legal en dos semanas, pero sus sedes no fueron allanadas. El régimen señaló sin pruebas a las ONG de haber financiado los grupos que cometieron “acciones desestabilizadoras”, como se descalifican las protestas ciudadanas. La represión a las manifestaciones desde abril han dejado entre 325 y 545 muertos.

PO amenaza, roba y abusa

Los allanamientos ilegales a las oficinas de la Fundación del Río, Ipade e Instituto de Liderazgo de las Segovias, en el departamento de Nueva Segovia, los concretaron antimotines que portaban armas de guerra y amenazaron a las personas que estaban en el momento.

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El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) denunció que la PO irrumpió en su oficina en Managua, robando el salario de los vigilantes, y sustrajo computadoras, documentos y vehículos. “Violentando el estado de derecho y sin ninguna orden judicial, ocho patrullas de la policía equipadas con armas de guerra, como si se tratara de un ejército de ocupación, asaltaron por diversos puntos las instalaciones de Ipade golpeando al vigilante y conductores, a quienes esposaron y robaron además sus celulares y su pago quincenal”, señaló el Ipade en un comunicado.

El asalto de la PO concluyó en la madrugada del viernes. “En este operativo policial sustrajeron documentación de personas y empresas privadas que arrendaban locales en nuestras instalaciones”, denunció el Ipade.

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Haydée Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, dijo que antimotines y paramilitares se tomaron las instalaciones de la ONG durante la madrugada del viernes. Secuestraron al vigilante, pero horas después lo liberaron. Castillo dijo que el personal de la ONG tiene temor de que los secuestren debido a que paramilitares en patrullas han asediado las viviendas de estos.

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, explicó que un fuerte contingente de policías a las 11:45 de la noche del jueves entró en las oficinas de la ONG en San Carlos, Río San Juan, la que mantienen tomadas. Ruiz dijo que recurrirán de amparo contra la cancelación de la personería.

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