Reos políticos en espera de sentencia desde hace un mes en Nicaragua

Los hermanos Kevin y Kitzel Alexander Pérez Valdivia, David Alejandro Ortez Rivera, Roban Scott Ruiz Centeno y Tobias Rafael Gadea Fonseca, fueron encontrados culpables hace un mes y once días pero aún no les dicta la sentencia condenatoria

Familiares de reos políticos, organismos de derechos humanos y mujeres organizadas se plantan frente a los juzgados en demanda de libertad para los presos políticos. LA PRENSA / M. ESQUIVEL

Un mes y once días han pasado desde que la juez Alia Dominga Ampié, titular del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, emitió un fallo de culpabilidad contra los hermanos Kevin y Kitzel Alexander Pérez Valdivia —de 22 años—, David Alejandro Ortez Rivera, Roban Scott Ruiz Centeno y Tobias Rafael Gadea Fonseca, por exposición y abandono de personas, y aún no les dicta la sentencia condenatoria.

La Fiscalía en su momento pidió seis años de cárcel y la defensa de los muchachos solicitó dos años.

“Yo metí escrito solicitando sentencia para poder recurrir de apelación, aunque sabemos qué pasará con todas las apelaciones, pero hay que seguirles el juego a este régimen, para que todo conste en actas y que no dejamos abandonados a los chavalos”, dijo Delia Valdivia, mamá de los hermanos Pérez Valdivia.

La detención de los cinco enjuiciados de Estelí se dio el 29 de septiembre, cuando los procesados se disponían a participar en la marcha “Nicaragua en rebelión” demandando la libertad de los presos políticos, incluida la del abogado Alex Pérez, papá de los hermanos Kevin y Kitzel Pérez Valdivia, quien está preso desde agosto pasado en celdas de máxima seguridad.

El caso de Carlos Silva Rodríguez

En la misma situación está el autoconvocado Carlos Silva Rodríguez, en espera de sentencia en el mismo Juzgado Cuarto Local Penal de Managua. Silva fue acusado de presuntamente participar en la quema de un chayopalo, ubicado en la rotonda Universitaria.

Su papá Carlos Silva llega casi todas las semanas a los juzgados capitalinos para saber de la sentencia, pero hasta ahora nada.

“Yo sé que de todos modos seguirá preso, porque eso es lo que quieren, pero debemos seguir los pasos legales”, dijo Silva.

Carlos Humberto Silva Rodríguez fue secuestrado por agentes de la Policía Nacional en plenas canchas del Parque Luis Alfonso Velásquez Flores, en Managua, el 26 de agosto.

Fue llevado hacia las celdas de Auxilio Judicial, donde permaneció 55 días, sin ser acusado y sin ninguna explicación a su familia.

Caso antimotín de Carazo

Otro ciudadano que está en espera de sentencia es el exantimotín Julio César Espinoza Gallegos, a quien le leerían sentencia el pasado 10 de diciembre, pero fue suspendida y a la fecha sus familiares desconocen cuándo será.

Espinoza Gallegos fue declarado culpable de terrorismo y otros delitos por la juez Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua.

La Fiscalía está pidiendo veinte años de cárcel y la defensa, Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, 15 años de prisión.

El exantimotín fue secuestrado por policías orteguistas y antimotines cuatro días después de haber entregado su uniforme y su placa en Plaza El Sol.

Tenía casi cuatro meses de estar lesionado, por un golpe en la cabeza que recibió el 19 de abril en Monimbó, donde lo enviaron para reprimir a los primeros manifestantes que se alzaron en el barrio de Masaya.

Junto a familiares

Julio Espinoza Gallegos está siendo procesado junto a su cuñado Reymundo Gutiérrez, su padrastro Alejandro Bermúdez y Wilmer Baltodano, un vecino del barrio Mauricio Duarte, sector de Las Esquinas de Diriamba, de donde son originarios.

Son acusados de crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero, secuestro simple, destrucción a la propiedad pública y privada y asalto. En el caso del exsuboficial de 29 años de edad, es acusado de “uso indebido del uniforme, emblemas y pertrechos de la Policía Nacional”.

Según la acusación, Espinoza se ponía el traje de antimotín para resguardar uno de los tranques ubicados en su barrio. Sin embargo, la familia asegura que el uniforme, entre otras pertenencias, había quedado en manos de un teniente de Masaya desde el día que Espinoza fue lesionado, en abril.

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