Unión Europea: “Retirar personería jurídica a organismos marca un paso más contra el Estado de Derecho”

Los Veintiocho esperan que las autoridades nicaragüenses "garanticen la protección de los miembros de esas organizaciones"

fachada de la ONG Popo Na. LAPRENSA/U. Molina

La Unión Europea (UE) aseguró este sábado que la decisión de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil supone «un paso más contra el Estado de Derecho» en el país latinoamericano.

«Las recientes decisiones de las autoridades de Nicaragua de revocar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil y periodísticas marcan un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos», declaró en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

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Los Veintiocho esperan que las autoridades nicaragüenses «garanticen la protección de los miembros de esas organizaciones», añadió. «Es la responsabilidad de las autoridades garantizar y proteger una sociedad civil vibrante y una prensa libre. Son pilares esenciales de la democracia y silenciarlas contrarresta la creación de condiciones para la reconciliación», agregó la portavoz.

Insistió en que es «esencial» un diálogo nacional «significativo» con el fin de identificar «un camino pacífico para salir de la crisis política en curso». «Solo la responsabilidad, el diálogo y reformas políticas auténticas que conduzcan a elecciones libres y justas permitirán la reconciliación nacional», constató la portavoz.

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La UE además reafirmó su respaldo a la labor que ha venido realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei).

En el mismo comunicado, la UE abogó por la posibilidad de que el régimen acepte el regreso de la misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Nicaragua, después de que el pasado 31 de agosto, Daniel Ortega ordenó su expulsión de Nicaragua.

El Gobierno de España también condenó la decisión del Parlamento Nacional de suprimir las personerías jurídicas a varias organizaciones que durante años han trabajado en el tema de los derechos humanos, acción social, educación y democracia.

«España condena la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica de numerosas organizaciones nicaragüense, de reconocido prestigio, dedicadas, entre otras funciones, a la defensa y la promoción de los derechos humanos», sostiene el gobierno español en un comunicado.

España le recuerda al gobierno orteguista que la libertad de asociación, de reunión y de derechos humanos forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos «de la que Nicaragua es signataria» y por tanto «es un elemento esencial de la convivencia democrática».

«España urge al gobierno nicaragüense a facilitar el ejercicio de dichas libertades en el país y encontrar una solución duradera a la crisis política, económica y social que afecta a Nicaragua a través de un diálogo nacional, inclusivo, y comprometido entre las partes en conflicto», sugiere España.

Asimismo, los gobiernos de Francia y Alemania se sumaron a condenar la persecución de la dictadura orteguista contra los onegé y medios de comunicación independientes que el régimen considera sus adversarios.

«Francia reitera su honda preocupación ante la degradación de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y las presiones a las que se somete a los defensores de los derechos humanos», lamentó ese país.

Asamblea cancela personerías

El Parlamento de Nicaragua canceló el jueves la personalidad jurídica de cinco ONG, lo que elevó a nueve las organizaciones que han sufrido sanciones en las últimas dos semanas, en medio de una crisis social y política que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril.

El Legislativo nicaragüense suprimió el estatus legal a esas organizaciones sobre la base de un informe del Ministerio de Gobernación que las acusa de formar parte de un grupo de ONG que apoyaron «el fallido intento de golpe de Estado», como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales.

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Horas después de esta medida parlamentaria, al menos cinco ONG y un grupo de medios de comunicación denunciaron haber sido allanados sin orden judicial entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, en acciones que incluyeron golpes a vigilantes y robo de dinero y teléfonos móviles.

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