Las últimas decisiones de los EE.UU. sobre Nicaragua y el abrupto declive de la actividad económica, con sus graves consecuencias sociales, obligan a una reflexión nacional. No es con la violencia y la represión y los extremos de la retórica o el mutismo que se va a resolver la trágica situación que vive el país. El reto fundamental de la presente coyuntura es el relance del diálogo.
En su primera fase, el diálogo sirvió para poner sobre la mesa un cúmulo de problemas y reivindicaciones de naturaleza varia, cuya solución en algunos casos no está en las manos de los actuales interlocutores y cuyo tratamiento debe escalonarse en el tiempo. Por ejemplo, la amnistía o las garantías personales y familiares de Ortega y el futuro de sus bienes son temas que la oposición no está en capacidad de negociar y que conciernen al futuro gobierno que surja de unas elecciones democráticas y supervisadas.
Los problemas inmediatos son dos: la creación de las condiciones necesarias para el buen desarrollo del diálogo; y la priorización de los temas a ser discutidos, con la escogencia de los interlocutores apropiados y el rediseño y adecuación de los procedimientos.
El cese de la violencia en todas sus formas es requisito indispensable para dialogar. El país necesita con urgencia retornar a unos mínimos indispensables de normalidad funcional; pero esa normalidad no va a derivarse de la imposición del terror por un Estado policiaco sino de la seguridad y tranquilidad ciudadana y el ejercicio pleno de las libertades que garantiza un Estado de Derecho. Entre las medidas de fomento de la confianza para lograrla está la suspensión, revisión o anulación de las sentencias y juicios políticos; la liberación de todos los encarcelados; el regreso de los refugiados y exiliados; y el funcionamiento pleno de los organismos internacionales, intergubernamentales y nacionales de derechos humanos. Más complejo es el tema de la disolución de las bandas paramilitares, que debería abordarse con apoyo del ejército, exjefes policiales y expertos nacionales e internacionales en operaciones de paz y estabilización de las Naciones Unidas.
El tema sustantivo prioritario son las reformas electorales, la integración de un nuevo CSE a cuyos magistrados se les vence el mandato en abril del próximo año y la convocatoria pronta de nuevas elecciones. Temas como la justicia —sensibles, estratégicos y fundamentales—, podrían y deberían tener la seguridad de ser abordados más adelante, mediante la creación de las condiciones imprescindibles para obtener resultados y con los actores apropiados. El trabajo adelantado por la Secretaría General de la OEA, y que hasta antes del 18 de abril contaba con el apoyo gubernamental, podría servir de base para el inicio de las negociaciones.
El autor es jurista y catedrático universitario.