Los últimos acontecimientos de anulación de personerías jurídicas a varias instituciones, así como la confiscación y saqueo de las infraestructuras y bienes de los medios de comunicación Esta Semana y Confidencial del periodista Carlos Fernando Chamorro, constituyen para el analista Gabriel Álvarez “la etapa superior del vaciamiento total del Estado de Derecho en Nicaragua”.
Sin embargo, Álvarez va más a fondo y sostiene que en Nicaragua “se eliminaron los derechos” y recuerda que ante la demolición del Estado de Derecho la comunidad internacional debe proteger a la población de Nicaragua ante la represión sin límites de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han impuesto “por la vía de hecho”, según el analista político, José Pallais, “un Estado de excepción”.
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“Lo que hay en Nicaragua es una desprotección total de la población nicaragüense y la comunidad internacional tiene un nivel de protección para la población con el estatus (de la pérdida del Estado de Derecho) como en el que nos encontramos en Nicaragua”, explicó Álvarez.
Los Ortega – Murillo y la ley de la selva
El constitucionalista señaló también que los ciudadanos que sufren la represión estatal en el país ya no tienen dónde recurrir para que se les protejan sus derechos humanos y constitucionales.
“Estamos en Nicaragua en un proceso de vaciamiento total del Estado”, lamentó el abogado.
“Aquí solamente existe la fuerza de la Policía. Es decir, actúan sin el sometimiento de ninguna norma jurídica: esa es la fuerza bruta. No existe en Nicaragua el Estado institución ni el Estado comunidad, entonces, todo eso, se condensa en la fuerza policial”, dijo.
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“Dicho de otra manera, lo que aquí existe es una absoluta ley de la selva, donde impera la fuerza absoluta de los señores Ortega Murillo, la cual se ejecuta a través de la Policía”, indicó Álvarez.
El también analista político y constitucionalista José Pallais sostiene que ante la pérdida del Estado de derecho en el país se vive un Estado de excepción de hecho bajo la forma de un Estado policial.
“Precisamente por la falta de garantías constitucionales se ha solicitado la aplicación de la Carta Democrática y la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y habría que recurrir nuevamente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque ya la situación de Nicaragua es una amenaza real a la paz social y la seguridad de Centroamérica”, explicó el analista político.
Impera la barbarie
De acuerdo con José Pallais, en Nicaragua están suspendidos de hecho todos los derechos humanos, políticos y constitucionales por parte del régimen de Daniel Ortega.
“Ya en Nicaragua no existe Estado, aquí lo que opera es la barbarie, fuera ya de todo marco jurídico interno y en contradicción a todo el marco jurídico internacional y que las Naciones Unidas está obligado a proteger porque no se está respetando en el país ningún instrumento internacional”, advirtió Pallais.