En su desborde represivo la dictadura ha confiscado libertades y derechos fundamentales de los nicaragüenses, lo mismo que compromisos solemnes del Estado de Nicaragua con el derecho y la comunidad internacional. Pero también ha confiscado propiedades privadas y bienes de personas naturales y jurídicas.
El caso más reciente y dramático —aunque posiblemente no el último— ha sido el de las empresas Invermedia y Promedia, propietarias de los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana y Esta Noche que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyas instalaciones fueron asaltadas, saqueadas y ocupadas por policías orteguistas en los últimos días de la semana pasada.
Para cometer esta fechoría, el régimen asoció arbitrariamente a los mencionados medios de comunicación con el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), organización de la sociedad civil que ha sido despojada arbitrariamente de su personalidad jurídica, junto a otras ocho ONG defensoras de los derechos humanos y promotoras de educación cívica y cultura democrática, cuyos bienes muebles e inmuebles también fueron confiscados.
La confiscación es prohibida por la Constitución de Nicaragua. Según el segundo párrafo del artículo 44 constitucional, los bienes inmuebles solo “por causa de utilidad pública o de interés social” “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización”. Además, en el párrafo 4to. del mismo artículo se establece categóricamente: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
En el caso específico de los medios de comunicación, el artículo 68 de la Constitución dispone que “en ningún caso podrán decomisarse, como cuerpo o instrumento del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”.
Se dice que estas agresiones de la dictadura contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación y periodistas independientes, son la respuesta a las sanciones de los Estados Unidos, incluyendo la Ley Nica Act. De esta manera, Ortega está terminando de demoler lo poco que queda del Estado derecho y la seguridad constitucional.
El exmiembro de la Junta de Gobierno y exvicepresidente de Daniel Ortega durante la dictadura sandinista de los años 80, Sergio Ramírez, ha reconocido de manera autocrítica y precisamente en los medios Esta Semana y revista Confidencial, que las confiscaciones fueron una “experiencia desastrosa” de la revolución sandinista.
No hay ninguna razón para esperar que lo que en el pasado fue desastroso podrá salir bien en las nuevas condiciones históricas, las cuales inclusive son más adversas para imponer objetivos totalitarios irracionales y delirantes.