Con la cancelación arbitraria de la personería jurídica a la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, conocida como Fundación del Río, también se acaban los proyectos que beneficiaban a comunidades indígenas y campesinas, confirmó su director Amaru Ruiz.
El ambientalista lamentó el cierre arbitrario e ilegal de esa organización y otras ocho, cuyas personerías también fueron clausuradas por los disputados del régimen la semana pasada.
Ruiz explicó que al no contar con un soporte institucional, se detiene todo el trabajo de educación ambiental, de incidencia, de denuncias sobre los delitos ambientales. Además, señaló que el cese de las funciones de la organización también implica un retroceso en el tema de conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz, que era una de sus principales compromisos.
De hecho, Fundación del Río fue la responsable de alertar en abril pasado sobre el incendio en Indio Maíz. El siniestro que se mantuvo por diez días ha sido considerado como un detonante de las protestas ciudadanas contra el régimen del dictador Daniel Ortega. En ese momento, los universitarios salieron a las calles a protestar para demandar respuestas concretas por parte de la dictadura para atender la emergencia ambiental.
Posterior al incendio, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) no volvió a pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, los integrantes de Fundación del Río estuvieron en el campo y denunciaron la permanencia de invasiones por parte de colonos, la actividad ganadera y además, presentaron un informe en el que contabilizaron 17 construcciones asentadas sobre la zona núcleo de la Reserva, donde se brindan servicios religiosos.
Ruiz explicó que queda un vacío porque las instituciones ambientales no estaban cumpliendo con su mandato legal, que es la protección de los recursos naturales.
Indicó que continuar su trabajo sigue siendo un reto, y en especial, por todo lo que habían construido a lo largo de 28 años. Todavía hay un duelo entre los miembros de la organización, relató.
Al igual que sucedió con las otras organizaciones, Ruiz contó que la PO llegó a eso de las 11:45 p.m. del jueves para allanar las instalaciones centrales de la organización, ubicada en San Carlos.
Los agentes mantienen tomada las oficinas, y por seguridad, los responsables de la organización no se han acercado al lugar, por ende, no tienen un inventario de lo que se han llevado, explicó Ruiz. También aseguró que se mantienen alerta ante la posibilidad de ocupación de la radio Voz Juvenil y Radio Humedales, ambas de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
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Decretos de Fundación están engavetados
En un comunicado que emitió la Fundación del Río, posterior a que le quitaran su personería jurídica, el pasado jueves, explicó que dicha acción es la culminación de una serie de hostigamientos y presiones hacia la organización, los que habían denunciado en el 2017, y que fueron en incremento desde el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, en abril de este año.
Señalan que producto de las múltiples violaciones a la libre organización y asociación de la Fundación, esta presentó dos recursos de amparo en contra de la ministra de Gobernación, Maria Amelia Coronel, y el director del departamento de Control y Registro de Asociaciones, Gustavo Adolfo Sirias, ambos fueron admitidos el 26 de febrero y el 8 de mayo de este año. Estos se encuentran en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la espera de una resolución.