Reporteros Sin Fronteras solicita intervención de la ONU en Nicaragua

La solicitud del organismo es "para poner fin a las medidas arbitrarias que sufren los medios de comunicación y que vuelva a respetarse lo antes posible la libertad de prensa en Nicaragua", según un comunicado

«Se está asaltando el derecho a la libre empresa. Es un acto gravísimo que está perpetrando la dictadura”, aseguró Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. LA PRENSA/O.NAVARRETE

El organismo Reporteros sin Fronteras (RSF) solicitó este lunes al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga ante el dictador Daniel Ortega por los abusos cometidos contra los medios de comunicación y periodistas independientes en lo últimos días, como el caso de Confidencial, cuyas instalaciones y equipos fueron ocupados por la Policía Orteguista (PO) en días anteriores.

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RSF, a través de un comunicado, expresó que la solicitud es «para poner fin a las medidas arbitrarias que sufren los medios de comunicación y que vuelva a respetarse lo antes posible la libertad de prensa en Nicaragua».

El régimen de Ortega ha intensificado el ataque contra la libertad de prensa en Nicaragua. Este sábado el director de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, Carlos Fernando Chamorro, junto a periodistas fueron agredidos por antimotines en el Complejo Policial Faustino Ruiz cuando demandaban información por la ocupación de las instalaciones y equipos de los medios antes mencionados. Los antimotines los agredieron con empujones, patadas y golpes.

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La Red Latinoamericana para la Democracia, el Comité Directivo del Movimiento Mundial para la Democracia, el Foro Ciudadano de las Américas y el Comité Directivo Internacional de la Sociedad Civil de la Comunidad de Democracias, demandaron a los Estados miembros de las Naciones Unidas acciones concretas contra el régimen de Daniel Ortega.

Entre ellas están: exigir al presidente Daniel Ortega y otras instituciones gubernamentales cesar la represión de las organizaciones sociales y sus miembros y que devuelva el estado legal a las organizaciones que fueron canceladas.

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