El Ministerio de Gobernación (Migob) no recibió una carta que buscaba introducir la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), doña Vilma Núñez, a través de la cual rechaza las abusos cometidos en contra de la organización que dirige, y cuya personería jurídica fue cancelada la semana pasada.
“Le hacemos ver que ellos (Migob) prácticamente se robaron absolutamente todo en el Cenidh”, expresó Núñez, en referencia a que el pasado jueves oficiales de la Policía Orteguista saquearon sus oficinas y posteriormente, el viernes, ocuparon las sedes de Managua y Juigalpa.
Núñez relató que no quisieron recibir la carta; la joven que estaba en uno de los escritorios le dijo que tenía instrucciones de no admitirla, pero aún así, la defensora de derechos humanos la dejó en el lugar, y vio que la guardó. Asimismo, le hizo saber que levantaron un acta notarial para que el acto de entrega constara legalmente.
El Cenidh ha sido uno de los organismos que ha brindado acompañamiento a los nicaragüenses que han sufrido abusos, violencia y hasta torturas en el contexto de la crisis sociopolítica del país, que ayer arribó a su octavo mes.
No obstante, Núñez indicó que en este momento trabajan en la defensa jurídica del Cenidh, lo que implica otros recursos jurídicos contra la arbitrariedad del Migob.
En el escrito de este martes se expuso que la resolución emitida por Gustavo Sirias, director del departamento de registro y control de asociaciones del Migob, es “el segundo acto represivo” dirigido por el departamento de Sirias contra el Cenidh, después que la madrugada del 13 de diciembre desde las 11:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. oficiales de la Policía Orteguista y personas vestidas de civil ingresaron por el techo a las oficinas de la organización.
La gestión realizada por Núñez, junto con otros funcionarios del Cenidh es legal, dijo, y al no quererla recibir se están violando los derechos, nuevamente, explicó.
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Confiscan bienes
En la resolución emitida por el Migob se resuelve que los bienes del Cenidh pasan a la propiedad del Estado de Nicaragua y además se asegura que en el término de 72 horas deberá entregar al departamento de Sirias los libros contables, libros de actas y libros de registro de miembros.
No obstante, Núñez explicó que el decreto sobre la cancelación de las personerías tenía que ser publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, y hasta este martes, al mediodía, eso no había ocurrido. Una vez que se publicara entraría en vigencia, pero el saqueo ocurrió un día después que fuera cancelada la personería.
“El Cenidh rechaza la resolución emitida por vuestra autoridad —Sirias— y a su vez le informa que es imposible presentar los documentos solicitados, mientras no logremos verificar, qué documentos se llevó la Policía de nuestra instalaciones durante el allanamiento ilegal (…)”, se lee en el documento.
Núñez ha denunciado que desde el viernes los agentes de la PO mantienen un perímetro de seguridad alrededor del Cenidh y le han impedido la entrada a las instalaciones de la organización, por ende no cuenta con un inventario de lo que aún existe en la institución dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, indicó que en un momento oportuno comunicarán a sus usuarios dónde se les va a seguir atendiendo.
Consideró que todas las arbitrariedades contra la organización son un “guillotinazo” que viola cualquier procedimiento.
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PO es cada vez más paranoica
Apenas los medios de comunicación aparecieron para brindar cobertura a una gestión por parte de la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, en el Ministerio de Gobernación, poco a poco, fueron apareciendo efectivos de la Policía Orteguista (PO), que se apostaban en la puerta principal del edificio; siempre portaron sus escudos y sus bastones. Lo mismo sucedió el pasado lunes, cuando el director de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, llegó al Complejo Judicial para interponer un recurso de amparo ante la ocupación policial de sus medios, el despliegue policial ocurrió en cuestión de segundos.
La PO se activa de forma instantánea cuando voces críticas al régimen se acercan a instituciones del Estado. A esto se suman las múltiples personas de civil que toman fotos y videos a los periodistas.
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