Nica Act va al corazón de la red de Albanisa

Venezuela ha destinado a Ortega más de 3,750 millones de dólares desde 2007, que ha manejado fuera del Presupuesto de la República

A partir de la firma del convenio petrolero entre Nicaragua y Venezuela, nació Albanisa para administrar en secretismo los fondos de esa cooperación. LA PRENSA/ ARCHIVO

En la última década de operaciones Albanisa habría provisto de entre cuatro mil y seis mil millones de dólares de fondos ilícitos, estimaron los investigadores. LA PRENSA/ ARCHIVO

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El jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, sostiene que el impacto de la Ley de sanciones Nicaraguan Investment Conditionality Act, bautizada como la Ley Nica, estará dirigido al corazón de la telaraña que compone el consorcio de Alba de Nicaragua SA, (Albanisa), la subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela SA, (PDVSA), que ha sido objeto de denuncias en investigaciones periodísticas a lo largo de los años.

Venezuela ha destinado a Ortega más de 3,750 millones de dólares desde 2007, que ha manejado fuera del Presupuesto de la República y ha privatizado quedando bajo control directo de la familia presidencial.

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El exvicepresidente de Albanisa, Francisco López, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por medio de la Ley Global Magnitsky (Glomag), por corrupción y violaciones a los derechos humanos, el pasado 5 de julio, junto al consuegro de la pareja presidencial y jefe de la Policía, Francisco Díaz, y Fidel Moreno, secretario del Frente Sandinista en Managua.

López es tesorero del FSLN y uno de los funcionarios más cercanos a Ortega, tanto que ni la misma sanción de EE.UU. ha impedido que le acompañe en viajes oficiales como el reciente a la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), realizado en La Habana.

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El petróleo de Venezuela ha beneficiado a Ortega y su familia. Los fondos han sido invertidos en el conglomerado. La sombra de Rafael Ortega Murillo —propuesto para sanciones a solicitud de congresistas estadounidenses—, ha estado en medio de estos negocios.

La esposa de Ortega, Yadira Leets Marín, se desempeñaba como la directora de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). Ella también figura entre los candidatos para sanciones por corrupción junto con Laureano Ortega Murillo, su esposa Karen Santamaría, y Juan Carlos Ortega Murillo.

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Legisladores del Congreso de Estados Unidos han solicitado a Trump investigar a Albanisa. Lo mismo hizo la oposición de Venezuela, que pide a la administración estadounidense extender a Albanisa las investigaciones que realiza a PDVSA y aplicar sanciones, teniendo en cuenta que la petrolera venezolana es la accionista mayoritaria de Albanisa con el 51 por ciento.

PDVSA es señalada por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico y lavado de activos

Enfoque en corrupción

“El presidente declaró una emergencia nacional hacia Nicaragua, y que se debía aplicar sanciones. Ahora, esta Ley (Nica) se enfoca aún más (en la corrupción y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua). El secretario de Estado en consulta con la comunidad de Inteligencia debe entregar un reporte sobre individuos corruptos del gobierno, también va a tocar sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA), incluyendo el sistema bolivariano, así que esto va al corazón de esta telaraña Albanisa”, precisó Poblete.

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El experto se refiere a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitida el pasado 27 de noviembre. Ese día el Ejecutivo estadounidense sancionó a Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional, en respuesta a la violación de los derechos humanos y por corrupción desde abril pasado.

Iinformes claves

La Ley Nica establece además que a más tardar en 180 días después de promulgada la Ley, el secretario de Estado en coordinación con el subsecretario de Estado de Inteligencia e Investigación, y el secretario del Departamento del Tesoro, y el director de Inteligencia Nacional, deberán presentar a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), involucrados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero.

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Igualmente, a personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso en o con respecto a Nicaragua, que son utilizadas por el régimen para cometer graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.

Esos informes deberán ser presentados a los comités de Relaciones Exteriores y la Comisión de Asignaciones, en ambas Cámaras Legislativas (Senado y Cámara de Representantes), la Comisión de la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos; y el Comité de Servicios Financieros.

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El exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, explica lo que significa la medida que ordena la Ley Nica. “Que el Gobierno (norteamericano) iniciará un proceso de (investigaciones) interagencias para que el secretario del Tesoro pueda cumplir con la Ley y reportar a seis comités de la Cámara y el Senado los temas que han estudiado y evaluar si el Gobierno de Nicaragua está cumpliendo o no”, refirió Poblete.

El senador republicano Marco Rubio dijo que el resultado de las investigaciones será útil para las futuras acciones de EE.UU. contra el régimen Ortega Murillo.

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