Vivimos un estado de sitio de hecho, no decretado oficialmente, un régimen de excepción donde, como decía el doctor Sergio Ramírez en una entrevista en Esta Semana, el domingo pasado, todos los derechos constitucionales han sido suspendidos, entre ellos el derecho a manifestarse públicamente, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la prensa libre.
La semana pasada dos empresas periodísticas de mi hermano Carlos Fernando, Promedia, productora de Esta Semana y Esta Noche; e Invermedia, productora de Confidencial, así como la empresa consultora ambiental Cabal, de su esposa Desirée, fueron brutalmente asaltadas por fuerzas policiales. Al momento de redactar este artículo, aún se encuentran ocupadas y bajo amenaza de ser confiscadas por la dictadura.
El motivo aparente es buscar la relación que existe entre dichas empresas y la ONG, Cinco, la cual no está localizada en el mismo edificio y que junto con otras 8 ONG fue despojada arbitrariamente de su personería jurídica, pero la verdad es que tras semejante zarpazo esconde una triple agresión salvaje —que rebasa todos los récords históricos que tengamos memoria— tanto de la dictadura somocista, como de la primera dictadura de Ortega en los años 80.
Se conculca la libertad de expresión, que es el derecho constitucional de todos los nicaragüenses a expresarse y estar informados por los medios de comunicación; se conculca la libertad de prensa, que es el derecho de los periodistas a ejercer el derecho de informar al público y se conculca la libertad de empresa al confiscar arbitrariamente los bienes de empresas legalmente constituidas, un retroceso a los años 80 donde las confiscaciones eran el “plato del día”.
También el sábado 15 el Estado policial prohibió otro derecho constitucional, que es el derecho de todo ciudadano a demandar explicaciones, o sea, el sustento legal de las acciones policiales.
Vimos como los periodistas que cubrían la solicitud de explicaciones de parte de Carlos Fernando en Plaza del Sol fueron desalojados con violencia por tropas antimotines. También es prohibido quejarse.
Despojado de su equipo y estudios recién remozados, Carlos Fernando se ha visto obligado a grabar su programa en los estudios del Canal 12, cuyo propietario Mariano Valle merece un reconocimiento especial por su valentía y defensa, hasta donde es posible, del derecho al ejercicio de la libertad de prensa.
Como hijo del Mártir de las Libertades Públicas y Héroe Nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, como periodista y sobre todo, fraternalmente, quiero expresar mi solidaridad a Carlos Fernando por la agresión de que es víctima y por la valentía e hidalguía en defensa de los principios por los cuales nuestro padre luchó y ofrendó su vida.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.