Mientras la persecución y acoso a representantes del sector privado críticos del régimen Ortega-Murillo se incrementa, la “dinámica de desocupación” de las propiedades tomadas por simpatizantes del gobierno mermó significativamente en el último mes e incluso creció la invasión.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) reporta que al 18 de diciembre 32 propiedades, con una extensión total de 5,396 manzanas, continúan tomadas. Hace un mes, las tomas afectaban 33 propiedades, con una extensión de 5,480 manzanas.
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Según Upanic, los afectados por la ocupación ilegal de 5,396 manzanas son 19 ciudadanos (15 nicaragüenses y 4 estadounidenses). Ellos han recurrido a las instituciones correspondientes sin lograr hasta la fecha una respuesta positiva a sus reclamos.
La organización también denunció que en el último mes además de mermar la desocupación de las propiedades invadidas se han reportado casos en los que los invasores “continúan avanzando en la ocupación, realizando obras y construcción de infraestructura, sin que sus legítimos dueños cuenten con el respaldo de las instituciones correspondientes para evitarlo”, dice el informe divulgado por Upanic.
Invasores no pagaron daños
La organización también informa que en “las propiedades recuperadas, los invasores no han resarcido las cuantiosas pérdidas materiales en insumos, maquinaria agrícola, infraestructura, explotación y comercialización ilegal, teniendo sus propietarios que asumir dichas pérdidas en detrimento de su patrimonio personal”.
En su reporte anterior Upanic explicó que la invasión ilegal de propiedades, en su mayoría productivas, ha provocado la destrucción de 9,010 empleos y al menos 17.1 millones de dólares en pérdidas.
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Además, el presidente de Upanic, Michael Healy, representante del sector privado en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que lidera la exigencia de adelantar las elecciones, ha denunciado que los paramilitares que mantienen invadidas las propiedades de su familia han pedido cinco millones de dólares a cambio de devolverlas.
Pero la familia ha dicho que no están dispuestos a pagar por algo que es de ellos y reconocen que incluso la devolución de las propiedades no está en manos de los invasores sino de Ortega que dio la orden de invadirlas.