La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió este miércoles sobre la intensificación de la cuarta etapa de represión en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega, a ocho meses de haber iniciado la crisis. Esta etapa, aseguró la CIDH, tiene como fin silenciar, intimidar y criminalizar a las voces opositoras al régimen, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación independientes en el país.
De acuerdo a información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), el régimen ha incrementado los actos de agresión y hostigamiento contra periodistas; ha continuado la detención y judicialización de líderes, opositores así como defensores de derechos humanos y ha expulsado arbitrariamente o ha amenazado con expulsar a personas nacionalizadas o residentes en el país por su participación en las protestas que exigen un cambio democrático.
De igual forma, en esta fase de “represión estatal la CIDH observa la adopción de medidas y decretos que, bajo la apariencia de legalidad y estricta formalidad, restringen de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática”.
En un comunicado emitido este miércoles, el organismo internacional también afirmó que sigue recibiendo información sobre detenciones arbitrarias caracterizadas por la falta de información a sus familiares sobre los motivos de la detención, o del sitio donde han sido remitidos y “ausencia de orden judicial y sin garantía del acceso a una defensa legal adecuada”.
Prohibición de marchas
Desde el 23 de septiembre, según la información del Meseni, la Policía Orteguista (PO) ocupa los espacios que antes eran utilizados para la realización de manifestaciones contra el régimen, como las rotondas. Asimismo, la PO ha negado las solicitudes de la sociedad civil para realizar marchas. De manera particular, a la Comisión le llama la atención que en su resolución de negativa de autorización de la última marcha la PO señaló al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) como partícipe del “fallido intento golpe de estado”.
Por tanto recuerda que “las prohibiciones generales y el establecimiento de requisitos de autorización al ejercicio del derecho de las personas a participar en protestas pacíficas además de ser desproporcionados y arbitrarios tienen un excesivo impacto en la población por su inherente efecto silenciador”.
“Medidas como la exigencia de autorización previa para la realización de protestas, la amenaza de perseguir y castigar a quienes participan de éstas y la toma simbólica de los espacios públicos para impedir el ejercicio del derecho a la protesta social resultan incompatibles para una sociedad democrática en la que debería promoverse el debate público, y el pleno y libre ejercicio de todos los derechos fundamentales”, señaló la relatora para Nicaragua de la CIDH, comisionada Antonia Urrejola.
Urrejola destacó que “en este grave contexto de represión y silenciamiento de toda disidencia y oposición al Gobierno, es indispensable el papel permanente de monitoreo que realiza la Comisión, a través de sus distintos mecanismos, para dar a conocer a la comunidad internacional las restricciones contra los derechos humanos en el país; en tal medida, es también imperante que el Estado brinde respuesta a todas nuestras solicitudes de información y de reuniones reiteradamente enviadas por la Comisión”.
Allanamientos de en organismos
También la Comisión expresó su preocupación por “el escalonamiento de las medidas y acciones represivas tendientes a debilitar el papel que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua”, como la cancelación de las personerías jurídicas de diversas ONG por parte de los diputados leales al régimen.
Además la CIDH conoció que agentes de la PO “habrían tomado por la fuerza, sin orden judicial, las oficinas de todas las organizaciones sancionadas, sustrayendo bienes, información y documentos” y el 14 de diciembre el Ministerio de Gobernación informó que los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de las organizaciones sancionadas pasaban a la administración del Estado de Nicaragua.
“El Estado debe cesar inmediatamente el empleo de estos mecanismos que claramente violan los estándares americanos y el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó por su parte el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
Agresiones contra periodistas y medios independientes
Asimismo el Meseni también reportó la ocupación sin orden judicial de las instalaciones de los medios de comunicación independientes Confidencial y Esta Semana y la agresión contra periodistas por parte de agentes antimotines en las instalaciones de Plaza El Sol el pasado fin de semana.
“El Meseni también ha recibido denuncias consistentes en la ubicación de retenes policiales en las cercanías de los domicilios de los periodistas y trabajadores de medios, la vigilancia permanente por agentes estatales o civiles, en ocasiones armados, vigilancia por medio de drones en sus domicilios, detención en los retenes y revisión exhaustiva de teléfonos celulares, y otros aparatos electrónicos y documentos, entre otras”, aseguró el organismo.
Debido al contexto de hostigamiento e intimidación, el 13 de diciembre la CIDH resolvió el otorgamiento de medidas cautelares para Miguel Mora Barberena, director de 100 % Noticias, y Leticia Gaitán Hernández, periodista de ese canal de televisión, y sus núcleos familiares, quienes estarían siendo objeto de amenazas, persecución y asedio en el marco de sus labores.
“El Estado de Nicaragua debe cesar la intimidación contra los medios de comunicación independientes, así como evitar cualquier medida en contra de las personas que, como resultado de la manifestación de opiniones o actos de protesta, ha emitido mensajes que puedan resultar molestos al Gobierno. La manifestación de disidencia y protesta, así como una prensa independiente y libre de intimidación, son consustanciales a un régimen democrático”, sostuvo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
Sobre los presos políticos
La CIDH insistió además sobre el progresivo e incesante deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y del propio Estado de Derecho como consecuencia de la represión estatal a las protestas.
La Comisión llamó al Estado a adoptar medidas urgentes para liberar presos políticos, restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y personas opositoras. Al tiempo que llamó a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos ( OEA) y a la comunidad internacional “a rechazar la represión que hoy que mantiene en una situación crítica el goce y ejercicio de las libertades y derechos de la población nicaragüense”.
La CIDH estima urgente que el Estado proporcione toda la información detallada sobre la situación de las personas privadas de libertad y procesadas y facilite al Meseni el acceso a las cárceles y a las audiencias públicas en los juzgados.
Por otra parte, la Comisión recibió información sobre la falta de ejecución de órdenes de libertad por parte de autoridades penitenciarias. Entre los casos documentados asegura están el de Guillermo Sobalvarro y Bernard Monroe, quienes habrían sido absueltos desde el 15 de octubre, además su defensa interpuesto recursos de amparo y una denuncia penal por desacato, sin embargo, el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) no habría permitido su libertad.
También resalta el caso del maratonista Alex Vanegas, detenido y encausado por escándalo público, quien pese a una orden de libertad judicial desde el pasado 5 de diciembre la Policía Orteguista se niega a cumplirla. Vanegas permanece secuestrado por la PO desde el 2 de noviembre.
“En este contexto, la CIDH recuerda una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar todas las formalidades procesales que deben ser seguidas por las autoridades judiciales y policiales, y cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley”, expresó la CIDH.