La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una lista de más de cuarenta presos políticos que presentan problemas de salud y no han sido atendidos de forma adecuada.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de CPDH, explicó que el objetivo de dicha información es que la CIDH emita una petición para que todas estas personas sean atendidas. A su vez, indicó que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud.
Algunas de las personas que son incluidas en esta lista son José Lázaro García, de 73 años, originario de Masaya, quien casi toda su vida se ha dedicado al oficio de la fabricación de bombas artesanales, y fue capturado en su casa de habitación, después que la noche del viernes 5 de octubre se escucharan detonaciones de bombas de contacto en esa ciudad, las mismas que utilizaba la población de Monimbó para defenderse de la Policía Orteguista (PO) y paramilitares.
García tiene problemas de próstata y asma. Asimismo, Cecilio Gómez de 65 años, originario de León, sufre diabetes y cardiopatía; Pedro José Flores, de Diriamba, sufre dolores constantes.
El abogado Julio Montenegro, quien funge como defensor de varios presos políticos, logró conocer que el autoconvocado Ervin Alexander Zamora Téllez, originario de Tipitapa, tiene una fuerte alergia que lo ha afectado al punto de golpearse contra las paredes de la cárcel porque no soporta el malestar.
En este caso, en múltiples ocasiones se ha presentado la solicitud para que pueda ser valorado por el Instituto de Medicina Legal, pero la petición no se ha hecho efectiva.
Y así son muchos los casos de presos políticos que sufren de padecimientos médicos, pero no son atendidos por especialistas.
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Al respecto Carmona expresó que “nosotros (CPDH) responsabilizamos desde ya cualquier situación que atente contra ese derecho fundamental de la vida al Estado en caso que le pase algo a estas personas que requieren asistencia médica, que requieren ser valoradas por especialistas, y se les está negando ese derecho humano”, indicó.
Este es otro de los derechos que le son violados a los presos políticos por las autoridades del régimen orteguista, después de recibir diferentes tipos de tortura, lo cual ha sido denunciado por sus propios familiares.
Entre las personas que han sido capturadas por el régimen, muchas son de la tercera edad.
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Detenciones arbitrarias
Tanto la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) han expresado que en Nicaragua el régimen orteguista mantiene las detenciones ilegales, arbitrarias, contra ciudadanos que han participado en las protestas contra la dictadura, y existen casos en los cuales no hay ningún tipo de relación.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (ANPDH) llamaba a dichas detenciones secuestros, puesto que no existe ningún tipo de orden judicial y mucho menos se constata que la persona está cometiendo un delito, puesto que protestar es un derecho.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de CPDH, explicó que en el país persiste una criminalización a las protestas. De hecho, la misma Policía Orteguista es la encargada de impedirlas al costo que sea.