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La expulsión del testigo incómodo

El miércoles de esta semana la dictadura de Daniel Ortega expulsó del país a los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Meseni y el GIEI estaban en Nicaragua para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos e investigar los sucesos violentos ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo. La presencia de estos mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no impidió que la dictadura siguiera violando los derechos humanos, pero si no hubieran estado en el país la situación hubiera sido peor para el pueblo nicaragüense.

En la conferencia de prensa que los funcionarios internacionales ofrecieron después de ser notificados de su expulsión, la coordinadora del Meseni, Ana María Tello, dijo que las verdaderas perjudicadas por la decisión del régimen orteguista son las víctimas y sus familiares, ya que ellos no podrán continuar haciendo su trabajo en el terreno de los hechos. “Nosotros entendemos que ese es el valor principal de nuestro trabajo: el poder acercar a las víctimas a la verdad, la justicia y es el pesar más profundo que uno tiene ante estas situaciones”, declaró la señora Tello a los periodistas. Y lo mismo expresó Amerigo Incalcaterra, en nombre del GIEI.

Por su parte, la Relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, dijo compartir los sentimientos de las personas que fueron expulsadas por la dictadura de Ortega. Sin embargo, aseguró que no dejarán solo al pueblo de Nicaragua. “Lo ideal es estar en el país, pero quiero decirle a la gente que el hecho de que no esté el Meseni allí, no quiere decir que la CIDH no siga con su mandato”.

“Vamos a seguir muy pendientes de ustedes”, prometió Urrejola a los nicaragüenses en una entrevista con la revista en línea, Confidencial.

Pero la expulsión del Meseni y el GIEI podría tener un efecto bumerán para la dictadura de Ortega y Murillo. La presión internacional es prácticamente la única esperanza para los nicaragüenses que se resisten a someterse a la dictadura, es el único recurso que queda para obligar al dictador a volver al Diálogo Nacional y aceptar una salida democrática de la crisis. Y ante la expulsión del Meseni y el GIEI, la comunidad democrática internacional podría o debería intensificar la presión sobre la dictadura, hasta obligarla a ceder.

En octubre pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en una reunión del Consejo Permanente: “Hoy sucede algo terrible en Nicaragua, ya es demasiada la sangre derramada, llegó la hora de exigir, reclamar, solicitar y demandar que se detenga la violencia… Nicaragua debe democratizarse… debemos representar a las víctimas, su voz es la que nos debe llamar a la acción”.

Para llevar la retórica política a la práctica, la OEA por lo menos debería aplicar la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua.

Editorial CIDH expulsión GIEI Meseni archivo
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