El informe del GIEI sobre la crisis en Nicaragua explicado en 7 puntos

Se cometieron crímenes de lesa humanidad, no hay evidencias del "golpe de estado", no hay separación de poderes del Estado... Esto dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

Las fuerzas antimotines salieron a las calles desde el primer día de las manifestaciones en Nicaragua. En la mayor parte de los casos, estos fueron quienes dispararon y causaron la muerte de los jóvenes. LA PRENSA/JADER FLORES

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este viernes el informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018. El informe, de 465 páginas, concluye que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y señala a actores directos de la represión que deben ser investigados.

Estos son los puntos más importantes del informe.

  1. En Nicaragua hubo crímenes de lesa humanidad

Los expertos concluyeron que «de la información disponible se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad».

En gran parte del informe se mencionan los crímenes de lesa humanidad, como asesinato, persecución, violación, entre otros.

«El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia», aseguró el GIEI.

Aquí puede leer el informe compleo del GIEI sobre la crisis en Nicaragua

  1. Daniel Ortega y los altos mandos de la Policía deben ser investigados por la masacre

El informe del GIEI dejó claro que «una investigación seria no puede dejar de analizar la responsabilidad en los hechos del Presidente de la Nación, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional; las autoridades de las distintas Delegaciones Departamentales y Regionales; de las autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, y el jefe de la DOEP, Justo Pastor Urbina y los jefes de las unidades especializadas que integran la DOEP. Por supuesto, esto no agota la nómina de autoridades responsables de la actuación policial, que debería incluir a las personas encargados de asignar recursos materiales, de efectuar el control de armas, y a la Inspectoría General -a cargo del Comisionado General Jaime Antonio Vanegas Vega-, entre otras».

  1. No hay evidencia de golpe de estado

Contrario al discurso de Daniel Ortega, en el que ha justificado las protestas como un «intento de golpe de estado», el GIEI concluyó que «desarma una de los argumentos de que las movilizaciones y protestas hacían parte de un movimiento que propiciaba un “golpe de estado planificado”, ya que demuestra que no hubo un movimiento anormal durante todo el período anterior, durante y posterior al período cubierto por el presente informe».

  1. No hubo una organización que dirigiera las protestas, todo salió de la ciudadanía

El GIEI también dijo en su informe que «no encontró evidencia que estos actos violentos hubieran sido coordinados o formaran parte de un plan». Asimismo, en la conferencia de prensa los expertos afirmaron que las protestas habían nacido de la ciudadanía y que lo grupos fueron mutando.

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  1. Efecto psicosociales

Además de los muertos, heridos, exiliados y presos políticos, la violencia «ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado».

Además, el GIEI advirtió que «las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares».

  1. No hay separación de poderes del estado

El sistema de justicia, (Ministerio Público y Poder Judicial) ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, afirmó Claudia Paz y Paz en la conferencia de prensa, pero además el informe señala la «falta de transparencia, independencia y autonomía de las instituciones encargadas de restablecer la justicia».

Asimismo pone como ejemplo las limitaciones que tuvo el GIEI en las investigaciones. «Otra seria limitación que enfrentó el GIEI fue la desconfianza de las víctimas y familiares en las autoridades encargadas de las investigaciones y el juzgamiento de los responsables de los graves hechos de violencia, evidencia de la falta de transparencia, independencia y autonomía de las instituciones encargadas de restablecer la justicia. Tal es así que muchas familias ni siquiera interpusieron denuncias porque descreen del sistema judicial. Otras familias que se han acercado al Ministerio Público no han recibido respuestas acordes a su calidad de víctimas y, en muchos casos, se les ha indicado que ellos debían aportar las evidencias», dice el informe.7. Países de la OEA y de la ONU deben investigar

  1. Países de la OEA y la ONU deben investigar

Además de las recomendaciones al Esstado de Nicaragua, el GIEI también recomendó que «con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país».

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